Nunca una audiencia en la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos reunió en un mismo caso a tantos abogados defensores: 86 juristas en representación de 32 países se sentaron este miércoles para litigar en el juicio climático más grande del mundo.

La audiencia duró casi cinco horas. Los demandantes, seis jóvenes portugueses de entre 11 y 24 años, presentaron, en boca de sus letrados, sus alegaciones, los motivos por los que decidieron exigir responsabilidades, urgentes e inmediatas, a las autoridades políticas de su país y a los gobiernos de la UE.  

Afirmaron ante los 17 jueces del Tribunal que los incendios forestales que se producen en Portugal cada año desde 2017 -desencadenante de la demanda- son consecuencia directa del calentamiento global y que estos devastadores incendios suponen un riesgo para su salud.

Contaron que han sufrido alteraciones del sueño, alergias y problemas respiratorios, agravados por olas de calor que temperaturas récord, inéditas en la historia de Portugal. También que las "perturbaciones climáticas" están provocando tormentas cada vez más intensas y que la situada de dos de ellos, cerca del mar en Lisboa, corre peligro potencial de sufrir daños en los próximos años por el clima extremo.

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Expusieron, además, que experimentan ansiedad causada por estos desastres naturales y "por la perspectiva de pasar toda su vida en un ambiente cada vez más cálido", lo que les afecta a ellos y a sus futuras familias.

Entienden, por tanto, que los Estados demandados "no cumplen con sus obligaciones positivas" en virtud delos artículos 2 (derecho a la vida) y 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Tampoco con los compromisos asumidos en 2015 en el Acuerdo de París.

Y alegaron un violación del artículo 14 (prohibición de discriminación) bajo el argumento de que el calentamiento global afecta "particularmente" a su generación y que, dada su edad, "la interferencia con sus derechos es mayor que en el caso de las generaciones mayores". 

"Este caso trata sobre los jóvenes. Se trata de las personas que están pagando el precio por el fracaso de los estados a la hora de abordar la emergencia climática. Se trata del daño que sufrirán durante su vida a menos que los Estados asuman sus responsabilidades", explicó el abogado Alison Macdonald.

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Agregó que en esta senda de emisiones y con los actuales planes de mitigación, los jóvenes, los seis demandantes, y los miles de millones que habitan este planeta, vivirán un "calor insoportable" con un calentamiento que en la segunda mitad del siglo puede superar los 3 grados.

Los jóvenes demandante en la puerta del Tribunal junto a sus abogados.

greenpeace

Los Estados respondieron con una declaración conjunta, leída por el abogado del Reino Unido. Pidieron que se desestime el caso por estar fuera de la jurisdicción. Y argumentaron que las "obligaciones extraterritoriales para los Estados" que exige este caso "amenaza con causar desorden legal en toda Europa al socavar la seguridad jurídica".

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Los demandantes explicaron que el aumento del calentamiento global a casusa de las emisiones globales hace imposible que un Estado, en este caso de Portugal, "proteja los derechos de sus ciudadanos únicamente a través de la adaptación interna", de ahí la necesidad de que otros Estados "respeten obligaciones extraterritoriales" para evitar un calentamiento superior a 1,5 C.

Este caso trata sobre los jóvenes. Se trata de las personas que están pagando el precio por el fracaso de los estados a la hora de abordar la emergencia climática. Se trata del daño que sufrirán durante su vida a menos que los Estados asuman sus responsabilidades

Fuera del Tribunal se congregaron organizaciones climáticas y civiles que apoyan a estos jóvenes. "Estamos asombrados por estos valientes jóvenes. Todos desde edades tan tempranas han demostrado coraje y fuerza, defendiendo sus derechos frente a 32 estados. Nos sentimos optimistas de que los gobiernos se verán obligados a proteger sus derechos", celebró Según Gerry Liston, director jurídico la Red Mundial de Acción Legal (GLAN).

Las audiencias continuarán en los próximos meses. Se espera que la sentencia del Tribunal se produzca a finales de la primavera de 2024.

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¿Qué puede pasar? Según Jaime Doreste Hernández, abogados español especialista en Derecho Ambiental, el caso es tan "nuevo y sorprendente" que el fallo final es toda una incógnita.

"Han demandando a todos los Estados miembros firmantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos sin haber agotado las vías internas. Yo daba por hecho que se el Tribunal iba a inadmitir el caso. Toda la doctrina obliga a agotar todos los estamentos judiciales: la ordinaria, luego el Supremo, luego al Constitucional. Y si ninguno te ha hecho caso, te vas para este Tribunal. Y de repente estos chavales logran que se admita su caso. Argumentaron que no pudieron hacerlo porque al ser varios Estados sería imposible hacerlo con cada ordenamiento jurídico profesional. Y además la urgencia de la situación: la fijación de objetivos suficientes para garantizar los derechos humanos en 2030. El Tribunal dijo de acuerdo. No vamos exigir el requisito de procedibilidad. Está innovando. Es una buena noticia. Ahora, es tan nuevo y sorprendente que no sé qué puede pasar", resume en diálogo con LPO.