Esta semana, el Parlamento Europeo fue testigo de una conferencia de época. Científicos, académicos, representantes de organizaciones sociales y funcionarios políticos (eurodiputados, comisarios europeos, etc.) se reunieron durante tres días para pensar y delinear un modelo económico que, por razones ecológicas y climáticas, deje de aferrarse al PIB como principal brújula.
Más allá de lo disruptivo del evento, este movimiento (decrecimiento/poscrecimiento), adoptado como una hoja de ruta a seguir por algunas formaciones de izquierda, sigue, por el momento, distanciado de la política institucional, tal como retrató LPO en diálogo con un experto que participó de la actividad.
Para el status quo, las economías desarrolladas no necesitan decrecer en sus formas de producir y consumir, solo necesitan un cambio de matriz, pasar del crecimiento fósil al crecimiento verde, es decir, acelerar la descarbonización a través de un masivo despliegue de las energías renovables y de los biocombustibles.
Ese fue el discurso público de todos los funcionarios que participaron de la conferencia. "Necesitamos más crecimiento verde", pidió, por ejemplo, la anfitriona Roberta Metsola, presidenta de la Eurocámara, que citó el Pacto Verde Europeo (un conjunto de iniciativas políticas de la Comisión Europea con el objetivo general de hacer que la Unión Europea sea climáticamente neutral en 2050) , aprobado en 2020, como norte a seguir.
Lo que Metsola no comentó es que, al clamor de estas dos soluciones a la emergencia ecológica y climática, se cuece una tercera, totalmente opuesta y regresiva, que empieza a calar entre los conservadores de la UE: una moratoria ambiental de dos años, una pausa al Pacto Verde para, en palabras del presidente de Francia, Emmanuel Macro, "no dejar a nadie atrás".
El líder del galo es uno de los impulsores de esta medida. Su plan de "reindustrialización" necesita una "relajación" de las exigencias ambientales. Ha pedido "una pausa regulatoria europea" en términos de restricciones verde, argumentando que la UE ya hizo "más que todos los vecinos" y que ahora "necesita estabilidad".
"Estamos por delante, en términos regulatorios, de los estadounidenses, de los chinos y de cualquier otra potencia del mundo. No debemos hacer nuevos cambios en las reglas, lo que supondría muchos riesgos", ha advertido en los últimos días.
El pedido de Macron tiene un trasfondo electoral: la consolidación del Frente Nacional de Marine Le Pen y su avance sobre los sectores más "castigados" por las políticas verdes, la agricultura y la industria. El Ejecutivo francés advierte que el hastío social, por pandemia y pos primer año de guerra en Ucrania, es cada vez más contagioso.
Macron pone de ejemplo la reciente -e inesperada- victoria electoral del Movimiento Campesino-Ciudadano en los comicios provinciales de Países Bajos. Esta nueva fuerza, creada en 2019 y financiada por el poderoso complejo agroalimentario holandés, se alzó con 15 senadores de un total de 75, una cuantía que, según los analistas, puede comprometer seriamente los pactos del Gobierno de Mark Rutte.
Los Países Bajos se han convertido en el segundo mayor exportador de alimentos del mundo. Su impacto ambiental es insostenible, a juicio de las voces verde de la UE, que le vienen exigiendo a Rutte una "reorientación" de la economía nacional.
Este cambio estructural se ha topado con un escollo: la lucha agraria por el alza de los costes de producción. La bronca de los campos ha saltado a la política. Macron percibe el mismo fenómeno en su casa y quiere evitarlo.
Su prédica ya tiene eco en Bruselas. La semana pasada, el Partido Popular Europa (PPE) aprobó una resolución interna en su última asamblea política, celebrada Munich. En el documento, se expresa la necesidad de aplicar una moratoria de dos años para todas las medidas legislativas pendientes del Pacto Verde.
Los populares europeos, liderados por su jefe, Manfred Weber, ponen de ejemplo a los pesticidas químicos. La Comisión exige reducir su uso en un 50 % de aquí a 2030. Este grupo quiere que los plazos sean muchísimo más laxos.
Al igual que Macron, Weber también traza cálculos electorales. En un año, junio de 2024, se celebrarán las elecciones del Parlamento Europeo. De aprobarse esta moratoria, el PPE especula en poder atraer a una parte de los movimientos ultraconservadores que se expanden al grito de menos leyes y regulaciones.
La presión es tal que hasta la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, defensora a ultranza de la agenda verde, quien pretende continuar en su cargo en la renovación de autoridades -también el año que viene- parece haber cedido. "Deberíamos prestar atención a la capacidad de absorción", dijo esta semana al ser consultada por este tema.
La prédica anti-pacto verde empieza a preocupar a sus defensores. El eurodiputado liberal Pascal Canfin (Renew Europe) pidió frenar esta "cruzada" del PEE, que amenaza la ejecución de un plan (el Pacto Verde) consolidado y con amplio consenso.
Para Canfin, esta presión de los populares es "totalmente irresponsable en un momento en que el impacto climático está creciendo en toda Europa".
"Al atacar los elementos agrícolas de las ambiciones verdes de la UE, se amenaza los cimientos de todo el Acuerdo Verde. Si este se desmorona, la responsabilidad será del PPE". planteó.
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El eurodiputado lamentó que el PPE esté usando un discurso anti agenda verde para acercarse a los grupos de extrema derecha. "El elemento central al frente de esta estrategia es el enfoque anti-Green Deal con respecto a la agricultura", resumió.
Canfin pidió la "intervención" de Von der Leyen para evitara que este movimiento crezca. "Tengo que decir que ahora también depende de la intervención de Von der Leyen, porque en última instancia la pregunta es: ¿estamos negociando con ella o estamos negociando con Weber?", se preguntó.
De ese pulso entre Von der Leyen y Weber dependerá el futuro del Pacto Verde. Y la matriz política de Bruselas en 2024.
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