Desde la misma noche del hito electoral del 22 de marzo de 2015, cuando lideró la entrada de Podemos en el Parlamento andaluz, a Teresa Rodríguez le intentaron imponer desde Madrid lo que tenía que decir. La gaditana, de un liderazgo innato, se resistió cultivando un perfil propio andalucista que hoy, desde la refundada Adelante Andalucía, le permite ponerse del lado de los trabajadores del metal de Cádiz que protagonizan el primer conflicto laboral y social que vive España en la era postpandemia.

"En lo único que intervino el Estado en este conflicto es por medio de la represión. No han estado en las soluciones y tienen muchas a mano", denuncia la líder de la izquierda andaluza en entrevista con LPO al término de la gran manifestación que el martes acabó en enfrentamientos entre la policía y huelguistas que querían cortar la circulación de un puente que cruza la bahía de Cádiz.

Pasaron más de diez años desde que Teresa Rodríguez, profesora y militante anticapitalista, se convirtió en la cara referente del 15M en las calles de la sureña Andalucía. Protagonizó éxitos electorales pero también disputas internas que terminaron desencadenando su ruptura con Podemos a principios de 2020 tras seis años dirimiendo sus diferencias con Pablo Iglesias, a quien nunca le cuadró su apuesta autonomista ni su discurso marcado de clase.

El conflicto del metal se recrudece con enfrentamientos en las calles de Cádiz

En la izquierda hubo cambios, el más evidente, la entrada de Podemos en el Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez. Rodríguez, sin embargo, no se movió. Entonces tenía claro que Podemos debía quedarse en la oposición, para condicionar al Ejecutivo desde la izquierda, y lo siguen defendiendo ahora desde el liderazgo de su partido cuando marcha por la principal avenida de Cádiz acompañando a los trabajadores del metal junto a estudiantes, sanitarios y pensionistas que se solidarizan con la lucha del castigado sector industrial en crisis que sigue siendo un emblema para la bahía.

Con las elecciones regionales aún sin fecha pero en el horizonte cercano - el presidente de la Junta, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla se verá abocado a elecciones con el rechazo de los presupuesto-, los trabajadores del metal presionan con una huelga que lleva ya nueve días para conseguir de un nuevo convenio colectivo que les permita no perder poder adquisitivo tras dispararse la inflación a más de un 5%, un nivel récor en casi 30 años.

El problema, no obstante, va más allá del desacuerdo en las en el marco de una situación económica compleja consecuencia de la pandemia de covid. El conflicto saca a la luz un fondo de precariedad laboral que es la moneda común en la provincia de Cádiz, ciudad emblemática para la izquierda, donde el paro ronda el 23%, muy por encima de la media española.

En el caso del metal, "el Estado, que es propietario de Navantia, la empresa matriz de todas las subcontratas que están en huelga, debe exigir condiciones dignas", subraya Rodríguez, quien con el peso de su nombre- que ya es marca electoral en Andalucía-, reclama al Gobierno central una solución.

Y precisamente en un momento en el que está cobrando forma el nuevo proyecto de izquierda que abandera la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, del que en la sureña región no hay novedades, Rodríguez marca distancia: "No me llamaron y no espero esa llamada tampoco. Lo que estoy esperando es que deroguen la reforma laboral o la mediación en el conflicto del metal. Yolanda Díaz es una tipa estupenda, pero podría acercarse por Cádiz alguna vez y decir que va a intervenir como inspección de trabajo para que se acabe la sobre explotación de la gente en el metal. La espero más ahí que para formar listas electorales", sentenció la carismática diputada que quiere que Andalucía tenga voz propia en el Congreso de los Diputados para que los intereses de sus coterráneos no sean pisoteados.

El conflicto del metal se recrudeció en el inicio de la segunda semana de huelga con la intervención de antidisturbios contra una manifestación que avanzaba hacia un puente de Cádiz. ¿Cómo valoras la situación?

Por un lado creo que hay una absoluta incomprensión de quienes gestionan las fuerzas del orden público en un conflicto laboral, sindical y social. Lo razonable en estos casos es que la intervención sea para proteger bienes patrimoniales, la vida humana o riesgos a la seguridad. Pero cuando lo único que se quiere es cortar el tráfico no es razonable una carga policial contra 5 mil personas. Se produce un descontrol absoluto y riesgo para la población provocado por la propia actuación policial e incomprensión del conjunto de la ciudadanía.

Por otra parte, si esta movilización no alcanza cierto nivel de radicalidad o pone sobre la mesa una situación de cabreo colectivo y lo muestra, como ha ocurrido, tampoco hubiese tenido la misma trascendencia y la negociación estaría menos reforzada.  

Hay una absoluta incomprensión de quienes gestionan las fuerzas del orden público en un conflicto laboral, sindical y social. Lo razonable en estos casos es que la intervención sea para proteger bienes patrimoniales, la vida humana o riesgos a la seguridad

En el equilibrio está la virtud. Pero son las autoridades las que tienen que evaluar y garantizar la seguridad de todos. El derecho a huelga, fundamental recogido en la Constitución, la manifestación, junto con la seguridad de las personas. Y ese criterio no se ve. Hay una batalla entre el Estado y los trabajadores, cuyo objetivo no sé cuál es, pero la consecuencia es una mayor desafección de la ciudadanía".

En esta crisis tiene un papel importante Navantia que es una empresa pública. ¿Por qué se llegó a esta situación y todavía no se aportó una solución?

En lo único que intervino el Estado en este conflicto es por medio de la represión y eso es duro. Nunca se han visto estas tanquetas en movilizaciones en Cádiz ni en otras partes de España. Pero no ha estado en las soluciones, cuando tiene muchas al alcance de la mano. El Estado es propietario de Navantia, que es la empresa matriz de todas las subcontratas que están en huelga. También es parte de Airbus y Alestis, que son empresas que han despedido gente, que van a cerrar, y que han generado el caldo de cultivo para que esta situación.

La gente está enfadada y sale a la calle porque lleva años trabajando 12 horas al día, los siete días de la semana, sin parar, sudando y teniendo enfermedades propias de un anciano con 30 años. Cuando esto sucede el responsable es el Estado, la matriz no puede subcontratar servicios y desentenderse de las condiciones laborales del personal que está sacando adelante la carga de trabajo.

Los sindicatos denunciaron que hubo un intento de la patronal por recortar derechos en el convenio, pero los empresarios lo niegan. ¿Cuánto cree que influyó la pandemia?

La pandemia está siendo utiliza por la patronal para recortar derechos. La patronal utiliza cualquier escusa para recortar derechos. Y en este caso hablando de las pérdidas por la pandemia y las restricciones. Pero lo que no dicen es que van a recibir fondos de la Unión Europea y que evidentemente esto supone una corresponsabilidad social. El Estado va a darle dinero a las empresas para que cumplan con la normativa vigente y garanticen condiciones dignas. Por lo tanto, hay que responderles con la pandemia, porque va a suponer una inyección de dinero público para las empresas privadas y eso tiene que conllevar, algo que no está sucediendo, que es que garanticen condiciones dignas.

La falta de carga laboral en el sector es otro de los grandes problemas que alimenta el conflicto. ¿Tiene futuro esta industria en Andalucía?

En Andalucía no podemos hablar de un proceso de industrialización digno de ese nombre. Nos hemos especializado en ofrecer turismo barato para el norte de Europa y agricultura intensiva que exporta barato en base a mano de obra en condiciones muy precarias. Esa es nuestra especialidad, para eso está Andalucía.

En cuanto al sector industrial, aquí nos quedamos con las migajas.  

La pandemia está siendo utiliza por la patronal para recortar derechos

Dicho esto. Tampoco hay una preocupación, y debería haberla, por parte de la administración pública por favorece una transición hacia una industria que sea sostenible. No es verdad que la industria no sea sostenible. Estamos viendo problemas de abastecimiento porque no fabricamos absolutamente nada, porque importamos todo de China. Y cuando hay un problema de distribución en cualquier pieza de la cadena de montaje, nos quedamos sin producto. Ahora nos reímos de que va a haber desabastecimiento de regalos de Reyes, pero mañana puede ser de cosas mucho más importantes para el desarrollo de nuestras vidas. Eso también nos habla de la necesidad de que fabriquemos las cosas más cerca de donde las consumimos. Aquí podríamos estar apostando por una industria sostenible que evitara el colapso energético y de materiales que vamos a vivir. Pero las administraciones no están en esa, están en que se agote lo que queda de industria automovilística, en realidad lo cerraron todo, el aeroespacial lo están cerrando, y lo que vendrá después será la naval si no resistimos. Cada vez que se salvó al sector naval en Cádiz ha sido porque la ciudadanía entera salió a la calle a movilizarse, ese aprendizaje lo tenemos.

Hace tres años Vox entró por primera vez y con fuerza en las instituciones precisamente en las elecciones al Parlamento de Andalucía y han sido segunda fuerza en la provincia de Cádiz en las últimas generales. ¿Cómo frena el avance de la ultraderecha en medio de una crisis que genera frustración e incertidumbre, el terreno donde abonan sus ideas?

Cuando la izquierda soluciona los problemas, la extrema derecha no crece. Pero cuando la izquierda defrauda, cuando no cumple con sus compromisos, cuando de forma descarada no hace lo que dijo que venía a hacer, entonces los votos se van para fuerzas como Vox. Porque todo el descontento con el gobierno por la subida de la luz, la subida del gasoil, el encarecimiento de la vida, por cosas como la necesidad de derogar la reforma laboral que sigue condenando a la juventud a condiciones precarias es el caldo de cultivo para la subida de la extrema derecha, porque es el único espacio de impugnación. En su momento impugnábamos desde las plazas, y ahora estos señores que dicen hablar en nombre del pueblo enfadado lo hacen desde las instituciones, de los palcos elegantes.

En 2018 la izquierda andaluza se unió en una alianza electoral pero fracasó en su intento de evitar que la derecha salga reforzada. ¿La fragmentación es inevitable?

Hubo un conflicto interno dentro de esa candidatura por motivos políticos muy concretos. Algunos no veíamos la participación en el gobierno con el Partido Socialista. Sabíamos que el PSOE tenía una larga trayectoria de incumplimientos en sus compromisos y creíamos que era necesario una oposición de izquierda al gobierno. Tu puedes aprobar presupuestos con el Gobierno, leyes, siguiendo la vía portuguesa. Condicionarlo políticamente pero no necesariamente hacerte corresponsable de las cargas policiales en una manifestación. Defendimos, siendo Podemos en ese entonces, que debíamos quedarnos en la oposición. Darle la investidura al PSOE, para evitar que gobernaran las derechas y condicionar el Gobierno día a día, mostrando a la ciudadanía que puedes ser alternativa.  

Cuando la izquierda soluciona los problemas, la extrema derecha no crece. Pero cuando la izquierda defrauda, cuando no cumple con sus compromisos, cuando de forma descarada no hace lo que dijo que venía a hacer, entonces los votos se van para fuerzas como Vox

Así, todo el enfado con el PSOE, que no hace lo que dijo que vino a hacer, no lo capitaliza la derecha y la extrema derecha. Eso fue lo que defendimos y provocó el conflicto, así como también defendimos la necesidad de que Andalucía tuviera una voz propia en un momento donde no solo hay una crisis social sino también territorial y Andalucía sufre especialmente.

¿Tendremos adelanto electoral en Andalucía?

Si, seguramente iremos a las urnas en febrero.

¿Hay tiempo para un acuerdo entre la izquierda andaluza dividida hoy en tres coaliciones- Unidas Podemos por Andalucía, Adelante Andalucía, y un tercer grupo en el que está Más País, Andalucía por Sí e Iniciativa del Pueblo Andaluz?

Si hubiera voluntad podría ser. Nosotros estamos en la construcción de un espacio andalucista, eso lo tenemos claro. No vamos a someter más los intereses de Andalucía a los intereses de ningún partido a nivel estatal. Si se cierra Airbus en Puerto Real, la única planta de esa compañía que se cierra en toda Europa como consecuencia de la crisis, es porque está en Andalucía, porque para ellos Andalucía es el turismo, la hostelería y la agricultura intensiva, y no hay más. Si nosotros tuviéramos más capacidad de condicionar al Gobierno, si tuviéramos más representación en Madrid, como los vascos y catalanes, gallegos, valencianos, estoy convencida de que esa planta no se cierra.

No obstante, estoy a favor de generar un espacio de diálogo y no agresión entre las fuerzas de izquierda, no solo por Moreno Bonilla porque el gran riesgo es que el próximo Gobierno de Andalucía esté participado por Vox, con Macarena Olona como candidata, ni más ni menos.