El proyecto es de "sentido común": utilizar la AP-7, un espacio alterado, para colocar millones de placas solares. Esa es la primera valoración que hace uno de sus autores, el geógrafo y profesor de la Universidad Rovira i Virgili (URV), Sergi Saladié.

"No estamos ante una situación de falta de capacidad técnica en espacios degradados, como las autopistas, para hacer una mejor transición energética y para evitar consumir espacios agrícolas y forestales", explica el experto en diálogo con LPO.

Un plan como el suyo, sin embargo, no forma parte, por el momento, del masivo despliegue de inversiones de energía renovable proyectado por las administraciones políticas. "Hay que decirlo: es de estúpidos no empezar una transición energética utilizando estos espacios. Tenemos que aprovechar la gran mancha humana de los espacios urbanos", reflexiona.

El informe técnico que elaboró con su colega Lluís Salvat -también geógrafo- confirma el potencial que tiene la AP-7 para instalar energía fotovoltaica. Se podría usar el 24% del espacio disponible junto a las vías para instalar 3,5 millones de placas solares.

Ribera se queda sola en la aceleración verde: los socios exigen restituir los informes de impacto ambiental

Los márgenes de la autopista, los falsos túneles donde ya existen puentes a modo de pérgola, los paneles informativos, las entradas y salidas de las paradas de servicio, y las cubiertas de las edificaciones serían los espacios a aprovechar.

El proyecto generaría una potencia instalada de 1.761 megavatios (MW) y permitiría cubrir el 4,4% del consumo eléctrico actual de Cataluña.

"Estamos hablando de una propuesta coherente y contenida, no de una implantación masiva e intensiva que pudiese llegar a intervenir en la seguridad y comodidad de los conductores", explica Saladié.

Las capacidades técnicas están. Lo que uno observa es una falta de voluntad política de impulsar este tipo de instalaciones. La voluntad política parece enfocada en fomentar los macroproyectos en zonas no degradadas

Con pequeños cambios en los criterios técnicos, como alargar los falsos túneles en los puentes de 50 a 100  metros de instalación, el porcentaje de consumo a cubrir llegaría al 7%.

"Si esto mismo se hiciera en los más de 1.600 kilómetros de autopista de toda Cataluña, se podría llegar a cubrir un 20% del consumo actual de electricidad, un porcentaje más que considerable. Por lo pronto, con nuestro cálculo, 35 municipios por donde pasa la AP-7 podrían cubrir todo el consumo eléctrico con las placas", agrega.

La revuelta social por un megaproyecto de energía solar une a toda la política valenciana contra Ribera

El informe técnico de estos dos geógrafos ya está en manos de la CUP, la formación catalana que solicitó este asesoramiento para avanzar en "otro modelo de transición energética", tal como exige el artículo 19 de la Ley de Cambio Climático de esta comunidad autónoma: empezar por espacios degradados en lugar de utilizar espacios agrarios y forestales.

el geógrafo Y profesor de la Universidad Rovira i Virgili (URV), Sergi Saladié.

ARXIU

"Las capacidades técnicas están. Lo que uno observa es una falta de voluntad política de impulsar este tipo de instalaciones. La voluntad política parece enfocada en fomentar los macroproyectos en zonas no degradadas", lamenta.

¿Las razones? Saladié -exdiputado de CUP- desliza dos: la "injerencia y ascendencia" que tienen las grandes empresas eléctricas sobre el poder político. "Los gobiernos intentan por lo general no enfadar al gran capital", razona.

"El retardismo no existe, se inventa un debate para seguir con el modelo especulativo de las renovables" 

Y el "miedo" de las administraciones -en este caso la Generalitat- de que los promotores denuncien ante los medios de comunicación que se intenta frenar el avance de las renovables.

El informe técnico confirma el potencial que tiene la AP-7 para instalar energía fotovoltaica. Se podría usar el 24% del espacio disponible junto a las vías para colocar 3,5 millones de placas solares

Saladié aclara que el informe solo aborda la "parte técnica" (la capacidad de instalación) y que para transformarse en un hipotético plan de gobierno se necesitarían otros informes para determinar el potencial económico o las cuestiones de jurisprudencia (la AP-7 es de titularidad estatal y transcurre por 95 municipios de 13 comarcas).

No obstante, se anima a aventurar que la utilización de una infraestructura pública no tendría un "aumento de costes significativo" para un inversor privado.

Panorámica de la AP-7. 

Europa Press

"En pos de un interés general, el Estado, por ejemplo, podría hacer concesiones con condiciones muy favorables. Lo que pasa es que los promotores buscan grandes extensiones en lo rural por una cuestión de precio, sobre todo en la fotovoltaica. Miran donde van a ganar más y donde le va a costar menos. Sin obstáculos físicos las instalaciones son mucho más rápidas. En un campo de cereal llegan y ponen las placas. En sitios más fragmentados con usos de suelos diferentes, como el caso de una autopista, hay que entrar con más cirugía. Una mayor complejidad que atenta contra la máxima rentabilidad", explica.

Ribera defiende los megaproyectos renovables y aclara que la "agilidad no está reñida con la protección ambiental"

Pero aclara que un proyecto de este tipo debería quedar en "manos comunitarias", de los ayuntamientos, de las instituciones locales, de comunidades energéticas y de pequeñas y medianas empresas.

Lo trascendente de este informe técnico -el primero de esta envergadura que se hace en una autopista estatal- es la confirmación de que los espacios alterados "son una gran "oportunidad para mostrar otra cara del modelo actual de la transición energética".

"Es de sentido común y lo que toca hacer para, como se dice, no vestir un santo y desvestir otro, para que la transición energética no tenga efectos negativos en los otros usos del suelo", concluye el geógrafo.