La Comisión Europea (CE) publicó el reglamento que pretende aprobar para garantizar un suministro "seguro y sostenible" de materias primas críticas, claves para la transición energética y digital del continente. Al igual que con las renovables -flexibilización que en España está generando mucha tensión social y política-, la normativa habilita "autorizaciones simplificadas" para aquellos proyectos de extracción que se consideren "estratégicos" por su "interés público superior".
Bruselas necesita con premura diversificar las importaciones de materiales como el litio, el cobalto o el magnesio, entre otros, para garantizar que a partir de 2030 la Unión Europea no compre más del 65% de estos minerales a terceros países, como China.
La entidad que preside Ursula Von der Leyen reconoce que "los proveedores de esas importaciones suelen estar muy concentrados en un pequeño número de terceros países, tanto en la etapa de extracción como de procesamiento".
En su propuesta de reglamento, la CE pone dos ejemplos: Europa obtiene hoy el 97 % de su magnesio de Pekín y el 63% del cobalto de la República Democrática del Congo.
A este contexto de fuerte dependencia se suma el exponencial aumento de la demanda. La Comisión proyecta que el litio utilizado para fabricar baterías para movilidad y almacenamiento de energía aumente hasta 89 veces para 2050. En el caso de galio, que se utiliza para fabricar semiconductores, la UE necesitará aumentar su abastecimiento en 17 veces.
Las tensiones geopolíticas a nivel comercial van a generar que los países productores de estas materias primas críticas "aprovechan su sólida posición como proveedores frente a países compradores a través de restricciones a la exportación", anticipan desde Bruselas.
"Una interrupción en su suministro tendría efectos adversos significativos para la industria en la UE. Esto pondría en peligro el funcionamiento del mercado único y dañaría la competitividad de la UE, al tiempo que pondría en juego puestos de trabajo y la creación de puestos de trabajo y afectaría a las condiciones de trabajo y los salarios. Además, sin un suministro seguro de materias primas críticas, la Unión no podrá cumplir su objetivo de un futuro verde y digital", aclara el nuevo reglamento.
En paralelo a este fuerte dependencia externa, la UE reconoce que su "potencial para aumentar sus capacidades de extracción, procesamiento o reciclaje sigue sin explotarse".
"En todos los Estados miembros, el conocimiento de los yacimientos minerales a menudo se remonta a una época en la que las materias primas críticas no eran los recursos buscados que son hoy", se lee en el texto que que el Comisario Europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, presentó esta semana.
Los "procedimientos de permisos largos y complejos" son algunos de los "impedimentos" para el desarrollo de proyectos de materias primas críticas, a juicio de las autoridades europeas.
Por tal motivo, en el capítulo 3 del reglamento se definen los "criterios para el reconocimiento de Proyectos Estratégicos" para que la extracción de estos minerales gocen de "procesos de autorización simplificados y acceso facilitado a oportunidades de financiamiento".
En la etapa de consulta pública del reglamento, las empresas centraron sus críticas en "los costos administrativos y de procedimiento" y pidieron medidas para, justamente, simplificar los procedimientos de obtención de permisos y facilitar el acceso a la financiación.
Serán los propios promotores los que pedirán el reconocimiento de "estratégico" al presentar sus proyectos. Para obtener el visto bueno, la extracción tiene que hacerse de "manera sostenible, en particular en lo que se refiere al control, la prevención y la minimización de los impactos ambientales, el uso de prácticas socialmente responsables, incluido el respeto de los derechos humanos y laborales, el potencial de empleo de calidad y el compromiso significativo con las comunidades locales y los actores sociales pertinentes".
Al ser considerados estos proyectos de "interés público superior", las autoridades nacionales competentes deberán "acelerar el procedimiento de permisos para proyectos de materias primas críticas" y, a la vez, buscar prácticas para "mejorar su aceptación pública".
"Los promotores de proyectos y todas las autoridades interesadas se asegurarán de que dichos procesos se tramiten de la manera más rápida posible de conformidad con la legislación nacional y de la Unión", reza el reglamento.
Respecto a las evaluaciones de impacto ambiental, "la autoridad nacional competente velará por que el dictamen se emita lo antes posible y en un plazo no superior a 30 días a partir de la fecha en que el promotor del proyecto haya presentado su solicitud".
La normativa, eso sí, permite a los Estados miembros a tener la última palabra al momento de considerar un proyecto de estratégico.
"Cuando el Estado miembro cuyo territorio esté afectado por un proyecto propuesto se oponga a otorgar el estatus estratégico al proyecto propuesto, presentará razones fundamentadas- La Junta debatirá las razones fundamentadas presentadas por un Estado miembro por su objeción. Si luego de la discusión el Estado Miembro mantiene su objeción, el proyecto no será considerado para el estatus de Proyecto Estratégico".
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