En Cáceres, la movilización social logró frenar la apertura de una mina de litio a menos de dos kilómetros del casco histórico de la ciudad. El firme rechazo de los vecinos viene impidiendo que la empresa minera australiana Infinity Lithium, a través de una filial española (Extremadura New Energies), consiga el permiso de explotación, un papel que, lobby político y económico mediante, busca desde hace años.
Esta multinacional pretende, a través de una extracción subterránea -se vio obligada a enterrar su proyecto inicial de construir una mina a cielo abierto-, obtener 19 mil toneladas de hidróxido de litio al año, lo que da un total de más de 500 mil toneladas al finalizar la explotación. El valor del yacimiento, según los cálculos de la empresa, asciende a los 21 mil millones de euros.
Esta semana, el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura le otorgó el permiso de exploración que "habilita para llevar a cabo estudios y reconocimientos sobre recursos mineros metálicos".
De esta manera, la empresa podrá demostrar de forma oficial lo que sostiene desde hace tiempo a partir de sus investigaciones de campo: que en esa zona hay muchísimo litio, un mineral clave para la transición energética, del que Europa es totalmente dependiente de China y América Latina (Bolivia y Argentina).
La exploración se realizará sobre una extensión de 315 cuadrículas mineras que pertenecen a los términos municipales de Cáceres, Sierra de Fuentes y Torreorgaz.
La multinacional confía que este "primer paso" permita subir al escalón más importante: la presentación ante la Junta de la solicitud de explotación del yacimiento. En este sentido, el CEO de la filial española, Ramón Jiménez espera recibir una mano desde Bruselas.
LPO adelantó que la Comisión Europea (CE) está puliendo un reglamento que pretende aprobar para garantizar un suministro "seguro y sostenible" de materias primas críticas. Al igual que con las renovables -flexibilización que en España está generando mucha tensión social y política-, la normativa habilitará "autorizaciones simplificadas" para aquellos proyectos de extracción que se consideren "estratégicos" por su "interés público superior".
La minería española es clave para los planes energéticos de Bruselas de cara al 2050, según se recoge de la lista elaborada en 2020 por la Comisión Europea sobre materias primas fundamentales.
En el caso del litio, la UE proyecta que la cantidad utilizada para fabricar baterías para movilidad y almacenamiento de energía va a aumentar hasta 89 veces para 2050.
Al presentar este reglamento, el Comisario Europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, afirmó que Europa tiene "mucho potencial para aumentar sus capacidades de extracción". Sin embargo, la Comisión entiende que los "procedimientos de permisos largos y complejos" son algunos de los "impedimentos" para el desarrollo de proyectos de materias primas críticas.
Por tal motivo, en el capítulo 3 del reglamento se definen los "criterios para el reconocimiento de Proyectos Estratégicos" para que la extracción de estos minerales gocen de "procesos de autorización simplificados y acceso facilitado a oportunidades de financiamiento".
En la etapa de consulta pública del reglamento, las empresas -entre ellas Infinity Lithium- centraron sus críticas en "los costos administrativos y de procedimiento" y pidieron medidas para, justamente, simplificar los procedimientos de obtención de permisos y facilitar el acceso a la financiación.
Serán los propios promotores los que pedirán el reconocimiento de "estratégico" al presentar sus proyectos. Al ser considerados estos proyectos de "interés público superior", las autoridades nacionales competentes deberán "acelerar el procedimiento de permisos para proyectos de materias primas críticas" y, a la vez, buscar prácticas para "mejorar su aceptación pública".
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"Los promotores de proyectos y todas las autoridades interesadas se asegurarán de que dichos procesos se tramiten de la manera más rápida posible de conformidad con la legislación nacional y de la Unión", reza el reglamento.
La normativa, eso sí, permite a los Estados miembros tener la "última palabra" al momento de considerar un proyecto de estratégico.
En el caso de Extremadura, el año pasado el PSOE -partido gobernante- registró en el parlamento autonómico una enmienda para incluir las extracciones mineras en los proyectos empresariales de "interés autonómico", que va en sintonía con la propuesta de la UE.
Y este miércoles, según el digital el Periódico de Extremadura, el alcalde Luis Salaya, quien hasta ahora sostenía su rotundo no a la mina, deslizó la posibilidad de una mina subterránea con "con un acceso desde al lado de la cantera de Olleta" para destrabar una futura habilitación.
A la par que empieza la exploración, la empresa australiana espera la oficialización de este reglamento para seguir presionando en su anhelo -frustrado por ahora- de obtener la autorización política de su megaproyecto.
La propuesta de Bruselas agudizará el choque frontal entre la necesidad de extraer los minerales que necesita la transición energética y el lógico rechazo social de quienes habitan los territorios que quieren explotarse. En España, Cáceres es un caso testigo.
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