Transición energética
El nuevo poder territorial del PP y Vox abre la puerta a proyectos mineros trabados por motivos ambientales
Dos controvertidos y paralizados proyectos, el de uranio en Salamanca y el de litio en Cáceres, podrían reactivarse con el cambio de mapa político.

Para las empresas -nacionales e internacionales- que están detrás del "boom" minero que hay en España, fenómeno retratado por LPO, la modificación del mapa político municipal y autonómico es una oportunidad de nuevos (y mejores) negocios. No solo por la luz verde para nuevas inversiones, sino sobre todo por el desbloqueo a proyectos que están paralizados por los impactos ambientales.

En los últimos años, ante las urgencias de Europa de hacerse con los minerales y las materias primas necesarias para consumar la transición energética -el continente tiene una dependencia crítica hacia China en este rubro-, España, por sus yacimientos, ha incrementado de forma exponencial sus explotaciones, en su mayoría con costes ambientales y sociales muy altos.

La Comisión Europea calcula que la ampliación de las tecnologías solar y eólica provocarán un aumento del 600% en la demanda de metales y minerales críticos para el 2030, según consta en el informe "Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU", publicado en 2020.

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En este marco, según el relevamiento realizado meses atrás por la asociación ecologista Amigos de la Tierra en colaboración con el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), se ha multiplicado en el último tiempo el interés de empresas y fondos de inversión por la extracción de minerales metálicos en la península.

Los números oficiales del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico así lo avalan. La industria extractiva en España cuenta hoy con alrededor de 2.700 explotaciones activas, de las cuales 10 son de minería metálica, 165 de minerales industriales, 439 de canteras de roca ornamental y en torno a 2.100 de áridos. 

El sector pone en valor, anualmente, cerca de 210 millones de toneladas. La superficie ocupada por la industria extractiva se estima que es un 0,15% (750 km2) del total del territorio de España.   

Los números oficiales del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico así lo avalan. La industria extractiva en España cuenta hoy con alrededor de 2.700 explotaciones activas, de las cuales 10 son de minería metálica, 165 de minerales industriales, 439 de canteras de roca ornamental y en torno a 2.100 de áridos.

El año pasado, Moncloa aprobó la "Hoja de Ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales", un instructivo para, justamente, empezar a delimitar cómo y de qué manera la península potenciará su industria extractiva. El desafío del Ejecutivo es generar en los próximos años una "actividad extractiva más sostenible, circular, segura y eficiente". 

En este plan no entra, por ejemplo, el proyecto que desde hace años la multinacional angloaustraliana Berkeley quiere iniciar en Retortillo (Salamanca): una enorme mina de uranio que Teresa Ribera tiene paralizado por sus impactos ambientales.

La futura presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

En febrero, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desestimó el recurso administrativo interpuesto por Berkeley contra la desestimación por parte de este mismo departamento de la autorización de construcción de la planta de concentrado de uranio como instalación radiactiva en el proyecto de Salamanca.

El gabinete dirigido por Ribera rechazó por primera vez en noviembre de 2021 el ‘proyecto NSC II' tras recibir un informe favorable de la Junta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en julio de 2021.

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La empresa abrió, por un lado, la puerta a iniciar un arbitraje contra el Gobierno de España por la situación de bloqueo del proyecto. Y por el otro presentó un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para revertir la medida.

El domingo, sin embargo, la compañía recibió la mejor de las noticias para su trabada inversión: la posibilidad concreta de deshacerse de Ribera con la asunción de un nuevo Ejecutivo tras el 23J.

No en vano, las acciones de esta multinacional repuntaron casi el 21% tras el resultado en las elecciones autonómicas y municipales de este domingo. 

En su día, el grupo parlamentario de Podemos en las Cortes de Castilla y León denunció al PP por ser "no sólo cómplice, sino colaborador necesario e imprescindible para los turbios negocios" de esta empresa al ser el único partido "avalista" del proyecto.

Es de esperar que un Ejecutivo de coalición nacional entre el PP y Vox, ambos defensores de la energía nuclear y contrario a las regulaciones ambientales, levante todas las trabas políticas que impiden su explotación.

Lo mismo puedo ocurrir con otro controvertido proyecto, el que otra multinacional australiana (Infinity Lithium), con filial española (Extremadura New Energies) quiere abrir en una montaña a dos kilómetros del casco histórico de la ciudad de Cáceres para extraer litio, uno de los minerales más codiciados de la transición verde.

Es de esperar que un Ejecutivo de coalición nacional entre el PP y Vox, ambos defensores de la energía nuclear y contrario a las regulaciones ambientales, levante todas las trabas políticas que impiden su explotación.

La iniciativa está siendo frenada por la movilización social de los vecinos y por las dudas políticas. Tanto la Junta de Extremadura como el Ayuntamiento -hasta el domingo en manos del PSOE- venían haciendo incomodos malabares para patear el proyecto para adelante. 

La multinacional pretende, a través de una extracción subterránea -se vio obligada a enterrar su proyecto inicial de construir una mina a cielo abierto-, obtener 19 mil toneladas de hidróxido de litio al año, lo que da un total de más de 500 mil toneladas al finalizar la explotación. El valor del yacimiento, según los cálculos de la empresa, asciende a los 21 mil millones de euros.  

En marzo, el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura le otorgó el permiso de exploración que "habilita para llevar a cabo estudios y reconocimientos sobre recursos mineros metálicos".

El nuevo alcalde de Cáceres, Rafael Mateos,

De esta manera, la empresa podrá demostrar de forma oficial lo que sostiene desde hace tiempo a partir de sus investigaciones de campo: que en esa zona hay muchísimo litio. La multinacional confía que este "primer paso" permita subir al escalón más importante: la presentación ante la Junta de la solicitud de explotación del yacimiento.

Este pedido recaerá ahora sobre María Guardiola, la candidata del PP que ganó las elecciones autonómica (necesita de Vos para formar gobierno). En campaña, preguntada por este proyecto repitió que "sin destrozo medioambiental" y "sin daños a los vecinos", el PP podría apoyarlo. "O flexibilizamos la protección medioambiental o la especie extinguida vamos a ser los extremeños", fue uno de sus lemas de campaña.

La alcaldía de Cáceres también cambiará de signo político. El gobierno local quedará en manos de Rafael Mateos, también del PP, otro dirigentes que ha entregado señales a favor de la mina. 

La presión del poder económico es cada vez más fuerte. En las últimas horas, Gabriel Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, adelantó que "la cadena del litio podría cambiar el modelo económico" de la ciudad. 

Y reconoció "nunca en la historia de la provincia ha habido tantos proyectos encima de la mesa". "Algunos son verdaderamente transformadores porque pueden generar a su alrededor un buen número de industrias auxiliares".

Las nuevas autoridades pueden esgrimir el aval de Bruselas, otro adelanto de LPO. La Comisión Europea (CE) está puliendo un reglamento que pretende aprobar para garantizar un suministro "seguro y sostenible" de materias primas críticas. 

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Al igual que con las renovables -flexibilización que en España está generando mucha tensión social y política-, la normativa habilitará "autorizaciones simplificadas" para aquellos proyectos de extracción que se consideren "estratégicos" por su "interés público superior". 

En el caso del litio, la UE proyecta que la cantidad utilizada para fabricar baterías para movilidad y almacenamiento de energía va a aumentar hasta 89 veces para 2050.

Si se aprobase este borrador, serán los propios promotores los que pedirán el reconocimiento de "estratégico" al presentar sus proyectos. Al ser considerados estos proyectos de "interés público superior", las autoridades nacionales competentes deberán "acelerar el procedimiento de permisos para proyectos de materias primas críticas" y, a la vez, buscar prácticas para "mejorar su aceptación pública".  

El año pasado, la Junta aprobó una enmienda para incluir las extracciones mineras en los proyectos empresariales de "interés autonómico", preparando el terreno para una posible aprobación del polémico proyecto.

La normativa autonómica obliga a que el tratamiento y beneficio metalúrgico del litio extraído en Extremadura se haga en esta comunidad autónoma. El Gobierno central ya adelantó que presentará recurso inconstitucionalidad a decreto proteccionista que "blinda el litio". 

Al igual que con las renovables -flexibilización que en España está generando mucha tensión social y política-, la normativa habilitará "autorizaciones simplificadas" para aquellos proyectos de extracción que se consideren "estratégicos" por su "interés público superior

Para Moncloa, este beneficio se configura como dominio público y, dentro del dominio público, como dominio público natural, que pertenece en todo caso al Estado, formando parte de la riqueza nacional.

Lo cierto es que de avalarse este proyecto, la montaña de la capital cacereña -donde viven 96 mil personas- será intervenida por los próximos 31 años, según el documento que la empresa entregó a la Junta, dos años serán de "preparación y construcción", tres de "rehabilitación y cierre" y 26 de "explotación".

El plan de la empresa cuenta con una "rehabilitación para todo el entorno con el fin de prevenir cualquier efecto negativo sobre el medio ambiente y sobre las personas". El promotor resalta en cada intervención pública el "impacto económico que tendrá para la ciudad": 1.500 trabajadores contratados de manera directa y 2.100 empleos indirectos.

Los ciudadanos de Cáceres solo ven "impactos negativos" en el proyecto de Extremadura New Energies. La mina se pretende instalar en un área de alta biodiversidad, de gran valor ecológico y de vital importancia social para esta población.

No solo eso, sería la mina más cercana a un núcleo urbano en toda Europa: a 300 metros de de una planta depuradora de agua, a 1,5 km del Hospital de Cáceres y 1,6 km del Campus Universitario y 2,5 km de la Plaza Mayor.

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