Luego de la imputación, el presidente de Iberdrola deberá responder las preguntas del juez por los supuestos encargos de la empresa al comisario retirado José Manuel Villarejo. Ignacio Sánchez Galán fue citado para comparecer el próximo 18 de enero en la Audiencia Nacional, en un caso que involucra a tres directivos de la compañía eléctrica.
Se trata de un nuevo golpe para el presidente de Iberdrola, aunque también de un paso esperado, sobre todo después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, imputara a Sánchez Galán por los delitos de cohecho activo, contra la intimidad de las personas y falsedad en documento mercantil.
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En tanto, también deberán comparecer ante la Audiencia Nacional el expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker, el exconsejero director general y mano de derecha de Sánchez Galán, Francisco Martínez Córcoles, y el exjefe de Gabinete de Presidencia, Rafael Orbegozo. Se sospecha que todos ellos actuaron de forma activa y encubrieron la contratación de los servicios de espionaje de Villarejo.
La justicia quiere determinar si Iberdrola contrató los servicios del agente jubilado entre 2004 y 2017, que incluye la compra de información que comprometiera la imagen de Manuel Pizarro, por entonces presidente de Endesa, principal competidora del sector eléctrico, y el espionaje a la dirección de la empresa suiza Eólica Dobrogea, con la cual se había asociado Sánchez Galán para desarrollar un proyecto en Rumanía.
Sin embargo, el momento no podría ser menos oportuno para Iberdrola, cuya adquisición de la estadounidense PNM Resources por Avangrid, la filial de la empresa en Estados Unidos, fue rechazada por la mayoría de los reguladores del estado de Nuevo México. La Comisión de Regulación Pública cuestiona la transacción en base al comportamiento de Avangrid, pero también a la situación judicial de Sánchez Galán en España.
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Tres de los comisionados, Stephen Fischmann, Cynthia Hall y Theresa Becenti Aguilar, apoyaron las conclusiones del informe preliminar que recomendaba suspender la compra. "La empresa tiene un historial horrible en el manejo de servicios públicos de Estados Unidos", llegó a admitir Fischmann, que además preside la Comisión.
En Estados Unidos desconfían de la capacidad de Iberdrola, y en especial de su presidente, para enfrentar potenciales conflictos de intereses y las preocupaciones éticas referidas al espionaje y las prácticas poco transparentes, como aquellas que vinculan a la compañía eléctrica con las actividades de Villarejo.
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