Después de haber alcanzado un acuerdo para terminar con la reforma laboral de Mariano Rajoy, el gobierno de coalición sigue encontrando obstáculos en la mesa de diálogo social. La propuesta de los nuevos ERTE, que permitirían relocalizar trabajadores de una empresa a otra y financiar la formación profesional, es rechazada por los sindicatos y la patronal. El mayor escollo al que se enfrenta el denominado "Mecanismo Red de Flexibilidad y Estabilidad en el Empleo" es la creación de un fondo especial que lo sustente.

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El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, dijo que el proyecto del Ejecutivo "está lleno de intervencionismo y no está dejando espacio a las empresas para lo que pide Europa, que es la flexiseguridad para los trabajadores y flexibilidad para que las empresas se puedan adaptar". Estas declaraciones son un aviso para la ministra de Economía, Nadia Calviño, con quien Garamendi mantiene un buen diálogo. 

El proyecto no está dejando espacio a las empresas para lo que pide Europa, que es la flexiseguridad para los trabajadores y flexibilidad para que las empresas se puedan adaptar

El titular de la patronal logró instalar a Calviño como una jugadora clave en la discusión por la derogación de la reforma de 2012 frente a Yolanda Díaz, lo que originó una pulseada al interior del gobierno que, pese a la mediación de Pedro Sánchez, sigue en empate. Garamendi es un defensor de la legislación promovida por Rajoy y consideró que la modificación del mecanismo de los ERTE "no va en la buena dirección" porque conlleva "más burocracia y más costes" para las empresas.

Nadia Calviño y Yolanda Díaz 

En concreto, el proyecto del Ejecutivo otorga beneficios a las empresas que relocalicen trabajadores o reducir la jornada temporalmente por causas estructurales y cíclicas. Las empresas que se acojan podrán beneficiarse de exoneraciones en las cotizaciones y recibir un incremento de crédito para financiar la formación.

Sin embargo, el mecanismo RED prevé que la empresa transfiera al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) el 50% de la indemnización que le hubiera correspondido al trabajador en caso de no producirse una recolocación, que se destinará al fondo que financie el proceso de traslado. Los empresarios están disconformes con esta cuantía, que consideran excesiva si se tiene en cuenta que el traslado no equivale a un despido.

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La propuesta del gobierno ha sido objetada por igual entre la otra pata de la mesa de diálogo. Los sindicatos argumentan que el mecanismo RED les quita a los trabajadores derechos como la antigüedad. UGT pidió este miércoles al gobierno una mayor intervención, control y seguimiento de los sindicatos en la negociación del ERTE y en su ejecución. Las organizaciones sindicales rechazan cualquier proyecto inspirado en la "mochila austríaca", es decir, un fondo que le permite al trabajador acumular los aportes pero que le obliga a desistir de la indemnización.