La falta de liquidez del tejido empresarial se ceba con las Pymes. El 23% de las pequeñas y medianas empresas que accedieron a los créditos ICO facilitados para afrontar la crisis económica no podrá acogerse a las medidas aprobadas por el Gobierno en noviembre para ampliar el periodo de carencia o amortización de sus deudas, debido que no cumplen la condición requerida de no tener impagos de más de 90 días frente a entidades financieras. 

Así lo asegura el último barómetro de los Gestores Administrativos, correspondiente al mes de abril, donde se refleja la difícil situación de la pequeña y mediana empresa en nuestro país, que representa el total del 98% del tejido productivo español. 

Según el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, "una de las condiciones para poder ampliar los plazos de carencia y amortización de los ICO Covid es no estar en mora; es increíble que no sean conscientes de que las PYME están sufriendo un calvario, les falta liquidez y, en consecuencia, no pueden hacer frente a sus compromisos financieros. Por ello, precisan ayuda. Las que están al día necesitan las ayudas, las que no, las necesitan con más razón", detallan los Gestores Administrativos en un comunicado.

Un 43% de las Pymes no podrán acceder a ayudas directas

Por otra parte, según el barómetro, el 21% de las PYME precisan acogerse a las ayudas directas establecidas por el Real Decreto Ley 5/2021. Sin embargo, un 43% de estas empresas no podrán hacerlo por no estar al día en sus pagos a Hacienda y a la Seguridad Social, requisito para poder acceder a las ayudas directas.

"Mires por donde mires, solo se observa una total falta de empatía y de conocimiento de como funciona nuestro tejido productivo", afirma Santiago. "¿Es que no logran entender nuestros dirigentes los graves problemas financieros que la crisis sanitaria está originando a los negocios? Y cuando eso ocurre, lo primero en dejar de pagar son las deudas con Hacienda y la Seguridad Social y luego los préstamos, porque se busca mantener la actividad y pagar a los empleados, si es que hay algo de liquidez", afirma el presidente de los Gestores Administrativos.

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El barómetro de los gA, que se ha llevado a cabo entre los días 9 y 13 de abril, ha recogido información sobre una de las últimas medidas implementadas por el Gobierno en materia de igualdad retributiva, con la obligación de todas las empresas de completar un registro de retribuciones para reducir la brecha salarial. Según los datos ofrecidos por los Gestores Administrativos, tan sólo el 33% de las PYME conocen las obligaciones establecidas por el Real Decreto 902/2020, que se aprobó el 13 de octubre de 2020. Y sólo el 23% de las PYME están actualmente preparadas para aportar la información solicitada.

En opinión de Fernando Santiago, "no parece de recibo que algo de tanta importancia no haya sido objeto de una potente campaña de información por parte del Ministerio correspondiente". Santiago afirma que "cada vez es mayor la burocracia a la que están obligados los negocios para poder operar, y una parte de esta es consecuencia de que otros organismos, como la Inspección de Trabajo en este caso, no cumplen con su misión".

"Precisamos medidas que fomenten el crecimiento, la innovación y la internacionalización de nuestras PYME. Sin embargo, la percepción es que el desconocimiento de su funcionamiento está provocando el deshilachado de nuestro tejido empresarial"