Desde 2013, los inversores extranjeros gozan de un paraguas legal para conseguir la nacionalidad española e instalarse en suelo ibérico: las "golden visa", permisos de residencias que se entregan a cambio de la compra de una vivienda por un valor superior a los 500 mil euros.
La medida, que se propagó por varios país de Europa al calor de la crisis financiera de 2008 con el pretexto de reactivar el mercado inmobiliario, empieza a tener los días contados. El Gobierno negocia desde hace meses con Más País -formación que presentó un proyecto de ley para eliminar estos visados dorados- para, de alguna manera, ponerle coto a un cuestionado y polémico reglamento que empieza a revisarse en toda la región.
En 2020, la Comisión Europea la llamó a los Estados miembros a vigilar de cerca estos visados por "los riesgos" que podría implicar para el bloque "la falta de control" sobre estos capitales: "riesgos de seguridad, blanqueo de dinero, corrupción, elusión de las normas de la UE y evasión fiscal", enumeró Bruselas.
Los gobiernos de Portugal, Irlanda y Grecia ya adelantaron que analizan la eliminación de estas residencias. A la opacidad de estos permisos se le suma la presión que ejercen sobre el mercado inmobiliario, muy tensionado en la mayoría de las grandes ciudades.
En febrero, LPO retrató un fenómeno financiero y económicos detrás de las "golden visa": la masiva apropiación de millonarios latinos -mexicanos y venezolanos, sobre todo- de viviendas de lujo en las zonas más exclusivas de Madrid.
Las adquisiciones de inmuebles aumentaron de forma exponencial desde el 2020 a esta parte. Según las cifras que maneja el Ministerio de Seguridad Social Inclusión, el año pasado se entregaron 2.462 permisos, un 60% más que en 2021. En una década, más de 30 mil millonarios -inversores y familias- obtuvieron la residencia legal de esta manera.
Tal es el aluvión de estas residencias, que los empresarios latinos se jactan de estar transformando a Madrid -tierra fértil en materia de facilidades fiscales, política estrella de la gestión de Isabel Díaz Ayuso- en "la nueva Miami".
En el caso de las fortunas latinoamericanas, los mediadores son los fondos de inversiones conocidos como "family office", empresas privadas que gestionan estos millonarios patrimonios.
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Lemon Prime, Grupo Impar o Gran Roque, de la empresa de la familia Capriles, uno de los grandes protagonistas del mercado inmobiliario, son algunos ejemplos. La cara visible de este gigantesco emporio es Alex Capriles, familiar de Henrique, uno de los máximos opositores al chavismo.
Entre los beneficiarios de las "Golden Visas" hay personalidades de la política, como el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. El exmandatario negocia la adquisición de nuevas propiedades, además de incursionar en algunos negocios del sector de la construcción de la mano de su compadre Luis Miranda y de prestar asesorías referidas a México en el sector corporativo español, recomendado por su amigo el empresario Valentín Diez Modoro.
Los abogados que trabajan con expediente de Extranjería vienen denunciando desde hace años que estas visas doradas "son más ventajosas que ser español", debido a la poca fiscalidad de las inversiones. El control queda en manos de los bancos y de las inmobiliarias, no así del Estado.
La tramitación de un visado de oro se resuelve en menos de un mes. Es el único proceso en el que existe "el silencio positivo": si en 20 días la administración no respondió, el trámite se da por aprobado. El contraste es abismal con los miles de pedidos de residencia de los extranjeros de a pie, con expedientes que tardan años en finalizarse.
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"Se les ofrece una residencia en mejores condiciones que las que pueda tener cualquier inmigrante", resume Marcelo Belgrano, Coordinador de los Servicios de Orientacion Juridica de Extranjeros del ICAM (Colegio de Abogados de Madrid) y Vocal de la SuBComision de Extranjería del CGAE (Consejo General de la Abogacía Española).
Acordamos con el Gobierno terminar con las vergonzosas Golden Visa. España debe dejar de ser una colonia de lavado de dinero de multimillonarios extranjeros que inflan los precios de la vivienda y expulsan a los vecinos. pic.twitter.com/MYAsGe2gEd— Íñigo Errejón (@ierrejon) May 8, 2023
Más País presiona al Gobierno para eliminar estos visados tal como están planteados. En febrero, el PSOE no acompañó la proposición de ley que presentó Iñigo Errejón.
Ahora, sin embargo, a meses de que Pedro Sánchez asuma la presidencia de la UE, los socialistas quieren dar una señal a Bruselas, más tras oficializarse que países vecinos ya tienen este debate arriba de la mesa. De mínima, el Ejecutivo plantea subir el monto mínimo de la inversión, que podría duplicarse o triplicarse.
"Tenemos un principio de acuerdo con el Gobierno", reconoció este lunes Errejón, que considera que estos permisos fomentan la "especulación" de los precios de la vivienda en España, que no benefician a la economía nacional y que "expulsan a la población local", generando un efecto en cadena "muy negativo" sobre el mercado de la vivienda.
Más País propone que extranjeros no residentes que se propongan entra en territorio español con el fin de realizar una inversión significativa de capital puedan solicitar el visado de estancia, o en su caso, de residencia para inversores.
El partido propone una nueva redacción en la que se entenderá como "inversión significativa de capital" aquella que se realice por un valor igual o superior a dos millones de euros en títulos de deuda pública; por un valor de un millón de euros en acciones o participaciones de empresas españolas, o depósitos bancarios en entidades financieras del país.
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