El presidente Pedro Sánchez reconoció los estragos de la crisis económica en la vida diaria de los españoles, y aprovechó su discurso en el debate sobre el estado de la nación para anunciar una medida que venía discutiendo con sus socios de coalición: dos nuevos impuestos temporales a las entidades bancarias y las empresas del sector energético. "Soy plenamente consciente de las dificultades cotidianas de la mayoría de la gente. Lo sé y me hago cargo", dijo.

De esta forma, el gobierno busca recaudar 7.000 millones de euros en los próximos dos años: 4.000 millones entre 2023 y 2024 en el caso de las energéticas, en concepto de los beneficios extraordinarios de 2022 y 2023, y 3.000 millones en relación con las grandes entidades financieras "que ya han empezado a beneficiarse de la subida del tipo de interés", también sobre los ejercicios de 2022 y 2023.

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Las medidas fueron aplaudidas por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, quien dijo estar "satisfecha" por "reorientar el rumbo" del gobierno", mientras que la oposición coincidió en que el presidente apela a un incremento del gasto público, una política que podría ahondar la crisis económica.

Los ministros Ione Belarra, Irene Montero, Alberto Garzón y José Luis Escrivá.

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Pero Sánchez optó por descargar el peso de la crisis sobre los sectores que han obtenido "ganancias inesperadas" en el último tiempo. La iniciativa está en sintonía con la legislación aprobada recientemente por el Parlamento británico para contrarrestar la inflación y la suba de los precios de la energía, aunque también sobreviene luego de un acalorado debate con Unidas Podemos, que reclamaba al presidente el despliegue de una agenda social. 

La iniciativa está en sintonía con la legislación aprobada recientemente por el Parlamento británico para contrarrestar la inflación y la suba de los precios de la energía, aunque también sobreviene luego de un acalorado debate con Unidas Podemos

Sánchez redobló la apuesta y anunció la bonificación del 100% de los abonos de cercanía y media distancia de los servicios de Renfe del 1 de septiembre al 31 de diciembre, es decir, que serán gratis, la construcción de 12.000 viviendas en Madrid -un 60% serán públicas- y la aplicación de una beca complementaria de 100 euros mensuales para los estudiantes mayores de 16 años, también de septiembre a diciembre.

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El plan de vivienda y la beca que alcanzará a cerca de un millón de jóvenes es una respuesta al gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la CAM, que promueve becas en instituciones privadas para familias que ganan más de 100.000 euros al año. Sánchez intenta así recuperar la iniciativa y confrontar con un modelo de gestión con el que siempre ha antagonizado.

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Sin embargo, Sánchez fue criticado por la derecha y los partidos que suelen respaldarlo en el Congreso. Cuca Gamarra, secretaria general del PP, dijo que el discurso del presidente "es insultante porque pide esfuerzos a los españoles mientras él no está dispuesto a hacer ninguno". El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, consideró que las políticas anunciadas "traerán más gasto, más ruina y hunden a las bolsas".

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Gabriel Rufián, portavoz de ERC, señaló que "la justicia social o es permanente o no es" y que la crisis amerita "medidas estructurales valientes y permanentes". Su par de Bildu, Mertxe Aizpurua, celebró que Sánchez avanzará en dirección a lo que exigían "los partidos del bloque plurinacional", si bien defendió que "los impuestos deben ser permanentes" y expresó sus dudas sobre cómo se aplicarán los impuestos a la banca y las energéticas.