El sistema de pensiones es un asunto incómodo para el gobierno de coalición. La UE cuestiona algunos puntos de la reforma que prepara el ministro José Luis Escrivá y que deberá reemplazar a la de Mariano Rajoy. Sin embargo, el presidente Pedro Sánchez aprovechó su intervención en el Congreso de los Diputados para defender el sistema público de pensiones ante los reproches de Inés Arrimadas, quien le acusó de "hipotecar a las próximas generaciones para pagar su campaña electoral".
La lÃder de Ciudadanos afeó a Sánchez que "sus intentos de comprar votos hoy suponen vender el futuro de millones de españoles", poniendo el foco en la sustentabilidad del sistema y la "brecha" entre las pensiones y los sueldos de los jóvenes, asà como aquella que se da entre los funcionarios y los trabajadores privados. Arrimadas hacÃa una alusión directa al incremento de las pensiones del 8,5 % y de los salarios públicos del 3,5 % para 2023, según las previsiones del gobierno.
Los socios de Sánchez cruzan a Escrivá por sus dichos sobre la edad de jubilación
Sánchez respondió que "por primera vez en años" su Ejecutivo aporta dinero a la hucha de las pensiones. En el gobierno entienden que el sistema debe atender a la presión demográfica -el futuro de las pensiones dependerá en parte de cuánto se extienda la esperanza de vida- y a la ampliación del cómputo para el cálculo de la pensión a los 35 años. Bruselas ya avisó que Moncloa tendrá que enfocarse en retrasar la edad de jubilación.
Aunque los funcionarios europeos tienden a la prudencia, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) es considerado insuficiente, si no dudoso, para garantizar la sostenibilidad del sistema. El MEI está pensando para que la Seguridad Social genere una suba temporal de las cotizaciones de 0,6 puntos entre 2023 y 2032, pero estará sujeto a una revisión posterior.
Tras echar por tierra el factor de sostenibilidad establecido por el PP en 2013, que tomaba la esperanza de vida como parámetro para ajustar las jubilaciones, el gobierno se comprometió a llevar la edad de jubilación efectiva a la legal a través de una serie de incentivos.
Si bien España la tasa de reemplazo de las pensiones públicas, es decir, el porcentaje del último salario a cobrar con la pensión y que regula el mantenimiento del poder adquisitivo, es de las más altas de la UE, los contratos temporales y el desempleo entre los más jóvenes conspiran contra la sostenibilidad exigida por Bruselas.
El comisario europeo de EconomÃa, Paolo Gentiloni, confÃa en que Sánchez llegará a tiempo con la reforma, pero teme que el gobierno español concrete modificaciones que pongan en riesgo el futuro de las pensiones. Es que de esa reforma dependerá el desembolso de un nuevo tramo de los fondos europeos de recuperación y en la UE quieren que sea profunda y no un retoque o un emparche que condicione a la próxima legislatura.
Sánchez acaba de acordar con sus socios de Unidas Podemos unos 190.687 millones para hacer frente a la revalorización con el IPC. Gentiloni aprueba, pero lo ve insuficiente. Las previsiones de crecimiento para la economÃa española están a la baja para el año próximo. Bruselas pide que se trabaje más sin comprometer el poder adquisitivo de los cotizantes. El MEI entrará en vigor en enero y recién se evaluará a mitad de 2023, por lo que Escrivá podrá hacer los ajustes necesarios.
Según Bruselas, no está claro cuánto recaudará el MEI, y el hecho de que sea semiautomático genera dudas sobre la sostenibilidad del sistema en su totalidad. La UE también empujará para que los autónomos coticen conforme a sus ingresos reales. La Comisión Europea sugiere ajustes para encaminar la reforma, algo que llega en un momento difÃcil para Sánchez, en plena negociación de los presupuestos y en el despliegue del escudo social.
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