Cambio climático
Placas solares obligatorias en aparcamientos y fin de los vuelos cortos: la agenda verde cobra peso en el Congreso
La crisis climática empieza a ser un eje del Congreso. Más País propone cubrir de placas solares los aparcamientos grandes y Alianza Verde, restringir los vuelos cortos.

La agenda parlamentaria tiene una crisis inmediata y urgente: la inflacionaria. Este martes, el Consejo de Ministros aprobará un nuevo paquete de medidas para paliar el inédito aumento del coste de vida. En paralelo a la búsqueda de políticas públicas para solucionar los problemas del aquí y del ahora, varias formaciones empiezan a calibrar otra agenda, más abstracta y, a priori, menos inmediata, pero igual de urgente: la climática. 

La semana pasada, Más País-Verdes Equo registró una proposición de ley para incluir en el Código Técnico de la Edificación la obligación de que los aparcamientos exteriores que sean aptos para más de cincuenta vehículos cubran al menos la mitad de su superficie con placas de generación solar fotovoltaica.

La propuesta busca que para 2027 todos los grandes espacios destinados al estacionamiento exterior de titularidad pública o privada tengan al menos el 50% de su superficie cubierta con paneles solares. Aquellos con más de 400 plazas tendrán menos tiempo para la implementación de la medida: hasta 2025

Las instalaciones fotovoltaicas -agrega el borrador legislativo- "deberán estar preferentemente destinadas al autoconsumo de las edificaciones e instalaciones asociadas al aparcamiento, aunque se regulará la posibilidad de cesión o arrendamiento de dichos espacios a terceros, priorizando proyectos de producción comunitaria, comunidades energéticas o entidades locales".

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La propuesta tiene un único asterisco: la autoridad competente en urbanismo podrá excluir, previo informe motivado, estacionamientos por motivos técnicos, estructurales, patrimoniales o paisajísticos.

La formación que lidera Iñigo Errejón justifica su proyecto ante la "urgente" necesidad de acelerar la "descarbonización del sistema eléctrico", responsable de un 10,3% de las emisiones en 2021 y "cuyo peso irá aumentando debido a la progresiva electrificación de la demanda". 

Más País entiende que "la instalación de paneles fotovoltaicos en tejados, así como en otros espacios ya urbanizados debe ser una prioridad de las administraciones en tanto que reduce el impacto ambiental y territorial de las renovables". El objetivo es que los sectores público, comercial e industrial sean los "principales beneficiarios" de la medida.

La propuesta busca que para 2027 todos los grandes espacios destinados al estacionamiento exterior de titularidad pública o privada tengan al menos el 50% de su superficie cubierta con paneles solares. Aquellos con más de 400 plazas tendrán menos tiempo para la implementación de la medida: hasta 2025

"Por su extensión, los aparcamientos son perfectos para el despliegue rápido de instalaciones solares. Además, existen fuertes sinergias entre la generación fotovoltaica y la carga de vehículos eléctricos que puede facilitar una más rápida adopción de los mismos", explica la proposición de ley.

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Como beneficio secundario, el despliegue de la generación fotovoltaica en aparcamientos contribuirá a "reducir la necesidad de reforzar y construir nuevas infraestructuras eléctricas que puedan acomodar la nueva demanda eléctrica derivada de la electrificación de la movilidad".

"Hay que aprovechar al máximo las superficies ya utilizadas para instalar renovables. Los aparcamientos son perfectos para poner paneles solares. Proponemos una ley que lo haga obligatorio en parkings públicos y privados", resume Héctor Tejero, coordinador político de esta formación y diputado en la Asamblea de Madrid.

El coordinador de Alianza Verde y portavoz de UP, Juantxo López de Uralde. 

La aceleración de la descarbonización del transporte también será eje de debate parlamentario en 2023. Alianza Verde, formación ecologista integrada a Unidas Podemos, ya puso una (disruptiva) medida sobre la mesa: restringir los vuelos cortos que puedan cubrirse con "conexiones económicas y accesibles de ferrocarril" y regular el uso de los "jets privados" con el objetivo de eliminar su utilización.

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La propuesta fue remitida semanas atrás al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por el coordinador de esa fuerza política y portavoz de UP, Juantxo López de Uralde. El objetivo es que España de el mismo paso que Francia, país pionero en Europa en prohibir los vuelos cortos.

El gobierno de Emmanuel Macron incluyó esta medida en su Ley de Clima, aprobada en 2021, aunque quedó en stand by producto de múltiples objeciones, como las impugnaciones de la Unión de Aeropuertos Franceses (UAF) y del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI Europa).

Alianza Verde quiere que España regule con un marco institucional una restricción que, por el momento, está centrada el el ámbito de lo individual a través del fenómeno conocido como "flight shame" (vergüenza a volar), muy extendido entre los jóvenes sensibilizados con la crisis climática

Tras un año de deliberación, la Comisión Europea avaló y respaldó la propuesta, sentando un precedente para el resto de los Estados miembros. "Es un gran paso adelante en la política de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estoy orgulloso de que Francia sea pionera en esta área", celebró el ministro de Transportes francés, Clément Beaune,

Alianza Verde denuncia que las emisiones procedentes del tráfico aéreo aumentaron un 75% entre 1990 y 2012 y que, según las proyecciones científicas, en 2050 un cuarto de las emisiones globales puede proceder de los aviones. 

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En este sentido, el 34 % de los 150 vuelos de corta distancia más concurridos de la UE (51) tienen alternativas de tren de menos de seis horas, el 29 % (73) de los 250 vuelos de corta distancia más concurridos de Europa (UE, Noruega, Suiza y Reino Unido) tienen alternativas de tren de menos de seis horas, y el 27 % (41) de los 150 vuelos más concurridos de la UE tienen alternativas de trenes nocturnos directos en 2021.

La formación ecologista quiere que España regule con un marco institucional una restricción que, por el momento, está centrada el "el ámbito de lo individual" a través del fenómeno conocido como "flight shame"  (vergüenza a volar), extendido entre los jóvenes sensibilizados con la crisis climática.


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