A medida que se acerca la votación de la reforma laboral en el Congreso, el gobierno acelera las negociaciones para asegurar la aprobación del proyecto consensuado con empresarios y sindicatos. Los seis votos del PNV están en la mira del Ejecutivo y por eso Pedro Sánchez está dispuesto a ceder a parte de sus demandas.
Esta mañana, Isabel Rodríguez se trasladó a Euskadi para reunirse con el lehendakari Iñigo Urkullu. La ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno está lista para concretar la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una exigencia del PNV que abriría la puerta a un respaldo en el Congreso de los Diputados.
El gobierno vasco exigía a Sánchez que el traspaso del IMV no fuera temporal, y por ello Rodríguez aseguró que "íntegra y sin limitación temporal". La cesión es un hecho, lo que negociarán la ministra y el lehendakari serán las condiciones del traspaso y cerrarán el respaldo a la legislación laboral del Ejecutivo central.
También trascendió que Pepe Álvarez, secretario general de UGT, mantuvo conversaciones con el partido de Andoni Ortuzar, quien la semana pasada advirtió que se iría todo "al carajo" si no había transferencia del IMV y si no se garantizaba la prevalencia del convenio autonómico sobre el estatal. Los nacionalistas podrían abstenerse, un escenario que conforma al gobierno de coalición.
Pero ELA y LAB, Steilas, ESK, Etxalde e Hiru convocaron a una manifestación para este domingo con el fin de escenificar su rechazo a la reforma, mientras insisten a EH Bildu, PNV y Elkarrekin Podemos para que voten en contra de la iniciativa de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, quien ha ido hasta Barcelona para convencer a ERC de que apoye la legislación y prescindir de los votos de Ciudadanos. En estas horas el gobierno podría terminar de juntar las voluntades necesarias para que la reforma salga adelante.
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