Está todo listo para el tratamiento de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. La Mesa del Congreso dio luz verde y determinó que hubo "evidentes y palmarios" de inconstitucionalidad. La Mesa, cabe señalar que tiene mayoría del PSOE y Sumar, han asegurado que podría ser debatida en el pleno a mediados de diciembre. 

El deseo de Ferraz es aprobar la ley en el Congreso en diciembre para su remisión al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y pretende ralentizar la tramitación hasta el máximo de dos meses que fija la Constitución después de aprobar una reforma del Reglamento. Aunque todo apunta a que no será hasta el mes de enero.

Tal como adelantó LPO, los populares pretenden dilatar lo máximo posible la sanción de esta ley. Para eso, este miércoles, en paralelo al cierre del acuerdo anunciado por los emisarios de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, la propuesta de reforma del Reglamento inició el recorrido parlamentario.

¿Cuándo se concretará la amnistía a Puigdemont y al resto de los independentistas alcanzados por la ley?

Al modificar el artículo 133 se le dará potestad a la Mesa de la Cámara Alta de decidir o no de aplicar el procedimiento de urgencia en los proyectos de ley. Esto quiere decir que la sanción podría dilatarse dos meses y que el PSOE no podría utilizar un trámite de urgencia de 20 días. 

El deseo de Ferraz es aprobar la ley en el Congreso en diciembre para su remisión al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y pretende ralentizar la tramitación hasta el máximo de dos meses que fija la Constitución después de aprobar una reforma del Reglamento. Aunque todo apunta a que no será hasta el mes de enero

El Senado, como parte del Poder Legislativo, participa en el trámite parlamentario. Así pues, la Carta Magna señala que, aprobado un proyecto de ley en el Congreso, su presidente se lo comunicará -de manera «inmediata»- al presidente del Senado, que lo deberá someter a la deliberación de la Cámara, y en un plazo de dos meses esta puede oponer su veto o introducir enmiendas.

Para que una norma sea vetada se requiere de la mayoría absoluta, tras la cual el texto vuelve al Congreso; que podrá ratificar su proyecto inicial con mayoría absoluta, o mediante mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde la interposición del veto.

En el caso de los tramites de urgencia, el Senado dispone habitualmente de un plazo de 20 días naturales para ejercitar las facultades de orden legislativo. Pero con la reforma del reglamento ejecutada por el PP, y si la Mesa decide no tramitar el proyecto de ley con celeridad, la Cámara Alta puede tardar hasta dos meses para llevar la norma al pleno y devolverla al Congreso de los Diputados para su visto bueno definitivo. 

La Mesa también ha rechazado el escrito de recusación que el PP registró contra el nuevo letrado mayor de las Cortes,Fernando Galindo, vinculado al PSOE con varios altos cargos en la anterior legislatura.  

El PP se prepara para bloquear el tratamiento de la amnistía en el Senado

Los populares consideraban que Galindo, elegido por Francina Armengol, debería abstenerse en el informe jurídico por haber formado parte del Ejecutivo dos días antes de asumir su cargo como secretario general del Congres, lo que podría suponer una posible vulneración de los "principios legales de imparcialidad y objetividad" que recoge la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público.

Lo cierto es que Fernando Galindo, licenciado en Derecho y Economía y perteneciente al cuerpo de Letrados de las Cortes Generales desde hace 13 años, era subsecretario del Ministerio de Política Territorial antes de ser nombrado letrado mayor de las Cortes en sustitución de Carlos Gutiérrez Vicén, que llevaba ya casi 10 años al frente de este cargo.

Todo parece indicar que esta ley estará dentro del calendario ordinario de plenos que ha aprobado la Mesa del Congreso y que comenzarán el 12 de diciembre.