Irene Montero ha logrado que el Consejo de Ministros aprobase esta semana la reforma a la ley de aborto, pero ahora tendrá que negociar casi renglón por renglón la legislación trans si quiere que pase "antes de que termine el año" y decidir si Unidas Podemos finalmente respalda la norma para abolir el trabajo sexual que promueven los socialistas. Las leyes feministas representan una suerte de legado de los morados en esta legislatura y la ministra de Igualdad necesita capitalizarlas. El problema son las aspiraciones del PSOE.

Si bien apuntó al PP y al CGPJ por oponerse al avance en los derechos de las mujeres, Montero sabe que la llave la tienen los socialistas. Por eso llamó al gobierno a "ponerse del lado de más de la mitad de la población que son las mujeres y avanzar de forma decidida y más rápida en la garantía de sus derechos". La ministra venía de la aprobación de la ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como la ley de "solo sí es sí", antes de que el Consejo de Ministros diera luz verde al aborto, aunque el próximo proyecto generará una división prácticamente irreconciliable al interior de la coalición.

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La ministra de Justicia, Pilar Llop, adelantó este miércoles que el PSOE presentará una proposición de ley que persigue el proxenetismo y penaliza a los hombres que recurran a la prostitución. La iniciativa solo cuenta con el apoyo del PP. En marzo pasado, los socialistas ratificaron su posicionamiento abolicionista. "La prostitución es violencia contra las mujeres. Los seres humanos no se consumen", dijo entonces la secretaria de Igualdad del partido, Andrea Fernández. En otras formaciones, como Podemos, Izquierda Unida o Ciudadanos, tienen otras consideraciones sobre el trabajo sexual. 

El trabajo sexual rompió la disciplina de voto de UP, pero miembros de las diferentes formaciones reconocen a LPO que el debate también atraviesa al feminismo y es lógico que esas posiciones se trasladen al Congreso. Montero y Belarra se pusieron del lado del PSOE por una cuestión estratégica: mostrar un gobierno sin fisuras, bloquear el acercamiento con el PP y garantizar el voto positivo de los socialistas a la ley trans

Los detractores del abolicionismo en el Congreso señalan que el proyecto socialista es punitivista y confunde adrede prostitución y trata. En Comú Podem votó en contra de la proposición del PSOE a principios de junio y la tramitación dejó divididos a los diputados de UP. En ese momento, desde Podemos se excusaron con el argumento de abrir el debate sobre la explotación sexual, pero puertas adentro se preguntaban cómo se puede respaldar un proyecto que castiga el proxenetismo sin probar la explotación o multa a los clientes. La postura abolicionista del PSOE tampoco es bien recibida por sus socios parlamentarios.

La ministra de Justicia, Pilar Llop. 

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El trabajo sexual rompió la disciplina de voto de UP, pero miembros de las diferentes formaciones reconocen a LPO que el debate también atraviesa al feminismo y es lógico que esas posiciones se trasladen al Congreso. Montero y Ione Belarra se pusieron del lado del PSOE por una cuestión estratégica: mostrar un gobierno sin fisuras, bloquear un acercamiento con el PP y garantizar el voto positivo de los diputados socialistas a la ley trans. Las ministras moradas creen que una vez llegado el debate sobre la prostitución en el Congreso se podrá rebajar la dureza del proyecto de los socios mayores de gobierno.

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Pero al menos Montero se conforma con que la ley trans, una de las más controvertidas de la actual legislatura, salga adelante tras el apoyo del presidente Pedro Sánchez. Llop también se pronunció al recordar que al igual que ocurrió con el matrimonio igualitario "también hubo muchas resistencias, muchas polémicas, pero al final ha permanecido". La ministra de Justicia y Andrea Fernández han sufrido los embates de las propias feministas de su formación por uno de los proyectos estrella de Montero. 

Sánchez ha encuadrado al partido en torno a la ley trans, pero aun así Montero calcula que el presidente puede darles libertad de voto a sus diputados si el tema amenaza con fracturar a la bancada

La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, una plataforma feminista contraria a los derechos de las personas transgénero y que incluye a mujeres cercanas al PSOE, exige que se quite de la ley trans el concepto de "autodeterminación de género", es decir, el reconocimiento a la identidad como una vivencia íntima y personal, como recogen ya las legislaciones autonómicas y de otros países. 

Este grupo quiere evitar que el gobierno avale que el sexo registral sea elegible para las personas transgénero. La exvicepresidenta primera Carmen Calvo es la máxima representante de esta postura, que incidió en su salida del gobierno, con no pocas feministas próximas al socialismo defendiendo tesis transfóbicas en medios de comunicación y redes sociales.

 La diputada Andrea Fernández es la secretaria de Igualdad en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. 

Europa Press

Calvo llegó a decir que le atormentaba "la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo" y que la autopercepción ponía "en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles". Cuando presidía la Comisión de Igualdad del Congreso, la dirigente andaluza demoró lo más que pudo la tramitación de la ley. Sánchez ha encuadrado al partido en torno a la ley trans, pero aun así Montero calcula que el presidente puede darles libertad de voto a sus diputados si el tema amenaza con fracturar a la bancada.

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Montero tiene buena sintonía con Llop y Fernández pese a las diferencias y apuesta a respaldar la iniciativa abolicionista del PSOE si más tarde se pueden presentar enmiendas en la comisión y asegurar una alternativa para las mujeres que quieran dejar el trabajo sexual. A cambio, las mujeres del PSOE tienen que devolver el favor y reunir los votos suficientes para que la ley trans sea una realidad, si no a fin de año, antes de que concluya la legislatura.