El documental de la BBC pone a Fernando Grande-Marlaska y al PSOE en una posición incómoda. Si los socialistas consiguieron en septiembre el apoyo del PP para desechar una comisión de investigación por el accionar policial en Melilla, que terminó con al menos 23 muertos el pasado 24 de junio, ahora las cosas podrían ser diferentes. Parte de la base parlamentaria del gobierno está reabriendo la cuestión, y para los populares es una oportunidad para embestir contra Pedro Sánchez.
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, admitió ayer miércoles que el partido "llegar hasta ese punto", en alusión a la posibilidad de respaldar una comisión de investigación, que EH Bildu adelantó que registrará. El material de la BBC y la creciente presión internacional -António Guterres, secretario general de la ONU, y Amnistía Internacional, entre otras organizaciones- tientan al PP. Incluso si deben sumarse a la iniciativa de la izquierda abertzale.
Gamarra no hablaba a título personal o deslizaba una posibilidad. Este jueves Alberto Núñez Feijóo confirmó que el partido pide al Ejecutivo "que se actúe ahora". "Que el gobierno clarifique si son imágenes reales y si se han arrastrado cadáveres desde Melilla a Marruecos", apuntó el líder nacional del PP. En Génova esperan a que las denuncias en el exterior hagan mella sobre Moncloa y Sánchez no tenga más alternativa que dimitir a Marlaska.
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Si eso no ocurre, dicen fuentes populares a LPO, activarán el respaldo a la comisión de investigación. El lunes viajará a Melilla la comitiva de la comisión de Interior del Congreso, integrada por diputados de UP, Bildu, PNV, PP y PSOE. "Esperemos que nos dejen visionarlas y que no sea la BBC la que tenga que decir lo que ocurrió", dijo Jon Iñarritu, diputado de Bildu, sobre las grabaciones del Centro de Coordinación de la Guardia Civil del día de la masacre.
Marlaska intentará frenar cualquier propósito de la delegación en cuanto a involucrar a la Guardia Civil. El ministro siempre ha blindado a las fuerzas de seguridad, aunque las imágenes de la BBC contradicen la versión oficial: devoluciones en caliente, desapariciones y represión en territorio español. El informe del Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo, constató ilegalidades.
Gabilondo solicitó más información a la Secretaría de Estado de Seguridad para ampliar la investigación de la Defensoría, sin respuesta por parte del organismo que responde a Marlaska. La relación con Marruecos ha condicionado la gestión del ministro, que ha rebajado las declaraciones de Rabat sobre Ceuta y Melilla, incluso las que ponen en duda la soberanía española, y el rol en la cuestión migratoria. Pero Marlaska olvida que más allá del respaldo de la cúpula socialista, es rechazado por la oposición como por los socios del gobierno y su base de apoyo en el Congreso.
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"Es grave que no asuman ningún compromiso, que no se disculpen por una actitud negligente y bárbara que nunca más ha de suceder, pero en lugar de asumirlo, no contestan", se quejó el senador de Compromís Carles Mulet, que estuvo en la valla de Melilla días atrás. Si el tema escala y el PP aprovecha los cuestionamientos al gobierno de Sánchez, entonces Marlaska tendrá más difícil mantenerse en el cargo.
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