Yolanda Díaz no encuentra los votos necesarios para que el texto de la reforma laboral sea aprobado en el Congreso de los Diputados. ERC, EH Bildu, la CUP y BNG aseguraron este jueves que la rechazarán si el gobierno no permite que se debata como proyecto de ley. La única vía para el respaldo, entonces, es la posibilidad de presentar enmiendas y modificar lo pactado con la patronal y los sindicatos.

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Entre las cuatro formaciones suman 21 votos clave para la aprobación de la legislación que deroga parte de la reforma impulsada por Mariano Rajoy en 2012. Según el comunicado conjunto, los cuatro partidos señalan que las modificaciones "son totalmente insuficientes para alcanzar el objetivo de restituir los derechos laborales básicos arrebatados" durante la última administración del PP.

Esta acción conjunta es leída como un ultimátum en Moncloa. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, dijo que le gustaría que "las fuerzas que normalmente apoyan el progreso de este país a través de las leyes se sumaran a este acuerdo", si bien defendió la "literalidad" del borrador. "No podemos excluir a nadie", dijo en alusión a los socios de investidura como a Ciudadanos. 

Si no hay una seriedad de hacer cosas bien, en mejorar, no puedo avalar esta reforma laboral

Pero el frente común entre ERC, EH Bildu, la CUP y BNG ha impacto especialmente a la vicepresidenta segunda, quien se trasladó hasta Barcelona para negociar con la principal formación independentista. Antes de iniciar las reuniones correspondientes, Díaz aseguró que respetaba mucho a ERC y que estaba "segura de que el día 3 de febrero esta norma saldrá adelante". El portavoz laboral de ERC, Jordi Salvador, rescató a la ministra de Trabajo y admitió que "ha habido intercambios, propuestas, hay cosas en las que se puede llegar a acuerdos".

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"Si no hay una seriedad de hacer cosas bien, en mejorar, no puedo avalar esta reforma laboral", dijo el diputado catalán. Entre las exigencias del frente se destacan la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, la recuperación de la indemnización de 45 días por despido improcedente y la revisión de las causas y procedimientos del despido. Incluso Díaz dio señales de querer privilegiar a los socios parlamentarios del gobierno y está dispuesta a agotar esta vía. "No da la suma de ninguna manera con Ciudadanos porque esa entrada expulsa a fuerzas de la izquierda", lanzó la ministra de Trabajo.