La ley de Vivienda, la primera de la democracia, finalmente se acerca a su aprobación. Es una legislación clave para el Gobierno y para los socios parlamentarios de Moncloa, no solo por el tiempo en que han estado prometiéndola y negociándola, sino porque formará parte de la campaña de cada una de las formaciones involucradas. La mesa de negociación estaba estancada en las últimas semanas, y el PSOE ha metido el acelerador.

"Hoy gana la política en mayúsculas. La política del diálogo. Esta ley va a tener ADN socialista. Ganan los jóvenes y las familias. Gana la justicia social y el poder tener derecho a un techo digno. Han sido unos meses de intenso trabajo", reconoció este viernes la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Junto a Ione Belarra, titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, gestionaron las conversaciones con los partidos vasco y catalán.

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ERC y Bildu aceptaron poner un límite a la subida de los alquileres del 2% en 2023 y el 3% en 2024 y que el concepto de gran tenedor pasase de diez a cinco viviendas. También se acordaron regular los desahucios para las familias más vulnerable. "Nos hubiese gustado llegar más allá, pero no ha sido posible. Siempre habíamos dicho que llegaríamos a un acuerdo en el momento en que fuera efectiva esta legislación", admitió el diputado Oskar Matute de EH Bildu.

El portavoz presupuestario de EH-Bildu, Oskar Matute, y la portavoz de ERC, Pilar Vallugera, comparecieron este viernes en el Congreso.

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Por su parte, Belarra dijo estar "muy satisfecha por el trabajo realizado" si bien siempre quedan cosas por hacer. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, sostuvo que la "derecha poco le importan" asuntos como la vivienda accesible a un precio razonable. "Se ha hablado con todos los grupos parlamentarios que tienen una visión progresista y en el seno del Gobierno hemos hablado con todos", aseguró.

ERC y Bildu aceptaron poner un límite a la subida de los alquileres del 2% en 2023 y el 3% en 2024 y que el concepto de gran tenedor pasase de diez a cinco viviendas

Bolaños ha dejado fuera de esas negociaciones al PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo denostó el acuerdo entre el Gobierno de colación y los partidos nacionalistas. "Intervenir en el mercado puede conllevar un incremento de los precios del alquiler por la disminución de los pisos en alquiler", dijo en favor de los propietarios, aunque prometió que en las próximas semanas una propuesta de "política pública para las rentas bajas y los jóvenes".

Para el PSOE es un triunfo por partida doble: por un lado, destraba la presión al interior del Ejecutivo y entre Podemos y Yolanda Díaz, y por otro, le da una herramienta para enfrentarse en campaña con el PP y Vox, que hasta el momento no han esbozado un proyecto alternativo al del oficialismo.

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Se trata de una ley esperada que regulará los alquileres en áreas tensionadas -las zonas en las que el coste de la hipoteca o el alquiler supera el 30% de los ingresos de las personas-, dependerá de la aplicación de a las autonomías -es competencia de las comunidades y confrontará aquellas que la apliquen y las que conduce el PP- y prohibirá que los propietarios aumenten las rentas de alquiler a través de gastos y honorarios inmobiliarios.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, criticó el proyecto de ley. 

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La norma fue debatida durante 13 meses por socialistas, morados, republicanos y abertzales. Moncloa informó que la ley será debatida en el pleno en mayo, justo antes de las elecciones autonómicas y municipales, todo un regalo para sus promotores. Hacía tiempo que el PSOE no conectaba de esa manera con Podemos y sus socios en el Congreso.