Cayetana Álvarez de Toledo cierra el año cada vez más alejada de su propio partido. Es que el PP acaba de multarla por haberse negado a apoyar a los candidatos al Tribunal Constitucional, a principios de noviembre, y romper de esta manera la disciplina partidaria durante la votación. Ahora, la diputada por Barcelona deberá pagar 500 euros.

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"Ayer, 30 de diciembre, a las diez y media de la noche, recibí estos documentos en los que se me exige una aportación extraordinaria a las finanzas del PP. Presentaré recurso", aseguró Álvarez de Toledo en redes sociales. El Grupo Parlamentario Popular, que adoptó la decisión, afirma el comportamiento de la exportavoz popular es una infracción "tipificada como falta grave" por no haber respetado la línea política bajada desde Génova.

La incomodidad del PP con Álvarez de Toledo es total. En las últimas semanas ha bajado el tono a los cuestionamientos que lanzó sobre su propio partido en el reciente libro Políticamente indeseable, pero la relación se ha resentido. La diputada se ha mostrado públicamente con figuras de otras formaciones, como Inés Arrimadas o Rocío Monasterio.

Tras abrirse un expediente sancionador, Álvarez de Toledo respondió que el suyo fue "un voto contra el debilitamiento institucional de España y un voto contra el debilitamiento político del Partido Popular". Luego declaró a los medios que "uno no puede exigir que haya una despolitización del Consejo General del Poder Judicial y sin embargo participar de una impúdica, activa y pública politización del Tribunal Constitucional".

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La diputada denunció el acuerdo entre su formación y los partidos de gobierno, PSOE y Unidas Podemos, para definir a los candidatos al TC. Incluso declinó su apoyo a Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, dos magistrados abiertamente cercanos al PP. Ahora cuenta con siete días para recusar la penalidad. La sanción económica no es una novedad entre los partidos, aunque en el caso de Álvarez de Toledo expresa más que un llamado de atención.