La política española ha entrado en una fase prematura de campaña. Los presidentes autonómicos miran lo que sucede en el Congreso y aquellos que pertenecen al PSOE escrutan las decisiones que bajan desde Moncloa. Pero la reforma del delito de sedición, y el de malversación, preocupa por el impacto que pueda tener en las elecciones de mayo. El descontento entre algunos barones socialistas es manifiesto.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, aseguró este martes que "la democracia consiste en respetar lo que dicen las mayorías" en referencia a sus críticas por la eliminación de la sedición del Código Penal. "Nunca pierdo de vista los intereses que tiene ERC, que son solo los suyos y los contrarios de España", dijo después en alusión a la malversación.

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García-Page parecía responderle a Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, quien señaló que el partido no perderá votos y, en caso de que eso ocurra, es parte de la política. En el Palacio de Fuensalida deslizan con ironía que López quedó por debajo de Susana Díaz en las primarias socialistas de 2017. Castilla-La Mancha no es el único territorio donde temen un efecto búmeran en las urnas.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en el centro de la imagen. 

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Javier Lambán también hizo público su rechazo a la proposición de ley presentada junto a Unidas Podemos, aunque aclaró que no aceptará "lecciones del PP, porque no tiene ninguna autoridad moral para hablar de sedición, ni de pactos con Bildu, ni de traslados de presos, ni para hablar absolutamente de nada que tenga que ver con la defensa de la moralidad pública". El presidente de Aragón le respondía al PP regional y a Alberto Núñez Feijóo, que apuesta por romper la disciplina del voto socialista.

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Según las encuestas, Lambán empataría con el PP, que de momento no tiene candidato definido -se descuenta que sería el alcalde de Zaragoza y jefe del PP aragonés, Jorge Azcón-. "La secesión sigue siendo el objetivo prioritario de los independentistas" y existe", dijo ayer lunes, sin mencionar a Pedro Sánchez o al partido. Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, también se pronunció en ese mismo sentido: "No me gusta nada de lo que le guste al independentismo". 

La cuestión de la sedición ha sacudido al PSOE en toda España, mucho más de lo que Ferraz admite

Los populares encargaron una encuesta a la consultora GAD3 que le otorga a Fernández Vara el 41,9% de los votos frente al 37,5% de María Guardiola. Si la candidata del PP recorta la distancia en estos meses, el socialista estaría en problemas. La cuestión de la sedición ha sacudido al PSOE en toda España, mucho más de lo que Ferraz admite. Incluso Margarita Robles ha salido este martes a matizar las preocupaciones por la reforma.

Cuca Gamarra volvió a presionar este martes a los barones del PSOE para que rechacen la propuesta de Moncloa. 

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"La reforma de la sedición es una decisión política y se puede o no estar de acuerdo con ella, es legítimo que haya personas que no estén de acuerdo con ella. Con toda contundencia, los que se oponen a la reforma lo hacen con razones que no se corresponden con la realidad", consideró la ministra de Defensa. Se estaba dirigiendo más a los dirigentes socialistas que a los partidos de la derecha.

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La última encuesta del CIS le da al PSOE el 32,8% de los votos a escala nacional, mientras que el PP se quedaría con el 26,8%. El sondeo es una foto y, al mismo tiempo, un punto de partida. Génova está por la labor de cambiar la dinámica y consagrar una marea azul en España como antesala de las generales. Cualquier cuestión que deje expuesto al PSOE es una oportunidad. Es lo que presidentes socialistas advierten a Ferraz. 

Como dice un diputado socialista a LPO, el partido 'no puede pagar el coste y menos entrando en año electoral'. Para el electorado indeciso, el precio a pagar por el apoyo catalán puede ser demasiado alto

La proposición de ley podría tratarse la próxima semana en el pleno y el PSOE ha dicho estar dispuesto a evaluar las enmiendas de otros grupos, un intento por calmar los temores de la coalición oficialista y la base de apoyo parlamentario. PSOE y UP quieren una tramitación exprés para que la reforma quede lejos de las elecciones, porque entienden que el tema es incómodo para sus filas en los territorios.

 El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, teme el crecimiento del PP en su comunidad. 

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Como dice un diputado socialista a LPO, el partido "no puede pagar el coste y menos entrando en año electoral". Para el electorado indeciso, el precio a pagar por el apoyo catalán puede ser demasiado alto. La estrategia que explotará el PP de aquí a las generales irá de los indultos a la reforma del delito de sedición. En las urnas se verá si la política de "diálogo y convivencia" que pregona el PSOE tiene cabida o es una línea roja.