Cataluña
Aragonès promete defender a los profesores que enseñen en catalán, en un gesto al Junts y la CUP
El Ejecutivo catalán se compromete a resguardar a los profesores que "sufran ataques ilegítimos por defender el uso del catalán" y desafía así el fallo del TSJC.

 Pere Aragonès necesita reunir a su base aliada y para eso ha acordado ofrecer protección jurídica a los docentes comprometidos con la inmersión lingüística. "Se ha aprobado un acuerdo sobre la defensa del catalán, de las escuelas y de la cohesión social en nuestro país", explicó la portavoz del Govern, Patricia Plaja.

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De esta forma, el Ejecutivo catalán se compromete a resguardar a los profesores que "sufran ataques ilegítimos por defender el uso del catalán" en las aulas, aunque no deja en claro qué pasará con aquellos alumnos que soliciten el 25% de las clases en castellano. El presidente regional parece dispuesto a recurrir a la lengua para conformar a Junts y la CUP.

Se trata de un cambio de estrategia, puesto que el propio Aragonès había pedido a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que no hiciera "partidismo" con el caso de la escuela de Canet de Mar. La CUP llegó a advertirle al mandatario catalán que con la lengua no se negocia. 

Se seguirá exigiendo responsabilidades a todas aquellas personas o entidades que ataquen a colectivos o personas individuales por el simple hecho de defender el uso del catalán

El independentismo insiste en la necesidad de blindar el catalán como lengua vehicular en la educación. El acuerdo de este martes garantiza "la máxima unidad posible para defender y fortalecer el modelo de escuela catalana" a través de servicios de asesoramiento y defensa jurídica y de "todas las vías" institucionales y políticas.

 La portavoz del Govern, Patrícia Plaja.  

Con todo, lo pactado es un desafío abierto al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la obligatoriedad de proporcionar un 25% de la enseñanza en castellano. Pero es también el primer paso, ya que como aseguró Plaja, "la lengua catalana aún está lejos de estar plenamente normalizada", por ejemplo en el ámbito judicial, donde "sólo el 7% de las sentencias" son dictadas en esa lengua.

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La portavoz del Govern aseguró además que "se seguirá exigiendo responsabilidades a todas aquellas personas o entidades que ataquen a colectivos o personas individuales por el simple hecho de defender el uso del catalán", sin detallar si esos "ataques" tendrán una consecuencia penal o algún tipo de sanción. 

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