La intervención del Iosper detectó que la obra social de Entre Ríos pagaba sueldos de 16 millones de pesos y que la deuda es de 42.000 millones de pesos, doble de la declarada. El gobernador, Rogelio Friegerio, informó que hubo incrementos de aranceles sin justificación, uso indebido de vehículos oficiales y hasta se pagaban servicios que no se utilizaban.

Los interventores del Iosper, Mariano Gallegos y Marina Alegre, ofrecieron este jueves una conferencia de prensa en la que dieron a conocer los primeros resultados de la auditoría de corte en la obra social de los empleados públicos de la provincia

"La situación del Iosper es mucho peor de lo que esperábamos", explicaron los interventores y detallaron que sólo se conocía la punta del iceberg. "Ahora empezamos a ver qué hay debajo", dicen.

El caso del ex presidente de Iosper, Fernando Cañete, es el más resonante respecto de los salarios que se llevaban los funcionarios: cobraba dos sueldos: uno de $ 6.700.153 y otro de $ 8.902.485. En total sumaba $ 15.602.639.

Los interventores designados por el Poder Ejecutivo para sanear el Iosper encontraron que la deuda acumulada de la obra social duplica lo que había declarado Cañete. La deuda total asciende a $42.871.884.708, de la cual el 56% correspondiente a medicamentos, por lo que resaltaron la mala gestión financiera.

También apuntaron que "tiene un déficit operativo de 3.000 millones de pesos por mes", y resaltaron que "el Iosper compra, y contrata, mal y caro".

Además, aclararon que la intervención trabaja "con una lógica de que el Iosper es de los afiliados, no de los prestadores, y trabajamos para los afiliados".

Frigero intervino la obra social de los estatales de Entre Ríos y denuncia un déficit de 2 mil millones por mes

Por otra parte, subrayaron las maniobras con las que ex miembros del directorio intentaron ocultar el monto de sus propios sueldos que alcanzaban, en el caso del presidente, los 16 millones de pesos. La metodología utilizada consistía en desdoblar el pago del salario e informar públicamente solo uno de los montos.

Asimismo, se detectó el incremento de aranceles sin justificación, y brindaron como ejemplo el aumento del 15 por ciento en los aranceles prestacionales que intentó instrumentar Cañete antes de salir del cargo. Ese aumento hubiera producido un déficit adicional de 1000 millones, que finalmente logró impedir la intervención. En ese sentido, también resaltaron la existencia de actas de ajuste de aranceles que carecían de firmas y fechas, lo que pone en duda su validez.

Por otra parte, los interventores resaltaron que las droguerías habían otorgado un aumento del descuento en la compra de medicamentos del 15 por ciento a partir de los primeros días de diciembre y que, si ese mayor descuento se hubiese aplicado desde el 1° de enero del 2024, la obra social hubiese ahorrado 1700 millones de pesos.

Otro de los datos alarmantes que detectó la intervención en esta primera etapa fue el uso indebido de vehículos de la obra social para beneficio personal de los funcionarios. El caso más llamativo es el del gerente de Prestaciones que se hacía llevar y traer todas las semanas desde la provincia de Corrientes, y que se le pagaba, además del sueldo, los gastos de traslado y el hotel en Paraná, lo que totalizaba un gasto de 10 millones de pesos.

A eso se suman irregularidades en el pago del servicio de lavado de los automóviles oficiales, con precios por encima de los de mercado y el pago de televisión por cable en oficinas en las que no hay televisores.