Lo que pueda pasar con el suministro eléctrico durante el verano presenta un panorama sombrío. El gobierno reconoció la situación crítica y lanzó un plan de contingencia que suscitó distintas polémicas. 

Por un carril, las críticas que apuntan a la cancelación de la licitación Terconf, mediante la que se adjudico la construcción de nuevas centrales térmicas, durante el gobierno anterior, con alto nivel de eficiencia y localizada cerca de los nodos críticos.  En paralelo, los que observan el gran negocio detrás del costo de generación. 

Que el Plan de Contingencia para el verano que elaboró el gobierno dispara fuerte el costo de generación, lo reconoció el representante de Transener, en un seminario de Energía organizado por el Insituto de Energía de la Universidad Austral. 

Carlos Borga, director técnico de la principal empresa de transporte eléctrico del país admitió que el problema no está en la generación, sino la obsoleta red de transporte. A punto tal que impide el funcionamiento del resto del sistema. 

"Es donde se define la calidad del servicio", afirmó el ejecutivo de Transener. "Si el sistema de transporte tiene mala calidad indefectiblemente el servicio del usuario final no va a ser bueno", dijo.

Borga explicó que la generación más eficiente se localiza lejos de la demanda porque la primera está vinculada a recursos naturales, en tanto la segunda a centros urbanos. "Un potencial que la Argentina no puede aprovechar porque el sistema de transporte está saturado, no hay mas capacidad", dijo.

Una cuestión que reviste suma gravedad expuesta por el ejecutivo de Transener es que la saturación provoca que el equipamiento del sistema de transporte, en picos de altas o bajas temperaturas, se encuentre más exigidido de lo que debiera estar. Lo tácito es el crecimiento exponencial de incidentes. 

Con estos argumentos, Borga puso enfásis en la urgente necesidad de ampliar la capacidad de transporte. "Hace años debió ampliarse, hoy abastece mas del doble de la demanda para la que fue puesto en marcha", dijo. 

Lo más interesante es la pregunta que Borga dejó flotando durante su exposición. ¿Quién lo paga? El proyecto que presentó Transener es exactamente el mismo que impulsó el ex subsecretario de energía eléctrica Federico Basualdo con financiamiento chino.

La primera etapa del Proyecto AMBA se diseñó para reforzar el anillo energético del Área Metropolitana a través de la construcción de un nuevo nodo, la Estación Transformadora (ET) Plomer 500/220/132 kV, dado que las ET Ezeiza y General Rodríguez operan al límite de su capacidad en términos de carga. Con este se ampliaría el ingreso de energía eléctrica desde el SADI mediante el tendido de más de 500 km de alta tensión en 500kV, 220kV y 132kV. 

Lo concreto es que el proyecto quedó rehen de la interna desatada en el gobierno de Alberto Fernández, cuando Santiago Cafiero y Gustavo Béliz se dedicaban a frenar el avance del gigante asiático. 

Entonces, ¿Quién paga? Según Transener, la "mejor opción" es trasladar el costo a las facturas, lo que tendría un "leve impacto" en el precio final, afirmó Borga. 

La propuesta de la empresa tiene sentido. Los usuarios pagarían un poco más pero con garantía de calidad de servicio. Sin embargo esto abre nuevas polémicas: ¿quién absorbe los beneficios del repago en el corto plazo que tiene la inversión? ¿cual es la dinámica de las inversiones como para garantizar efectivamente la calidad del servicio?

Sobre la primera pregunta lo que se debe considerar es que la ampliación de la red de transporte provocaría una notoria reducción del costo de generación, sustitución de importaciones y mayor exportación. Con lo cual, los usuarios pueden perder o salir empatados pero las empresas ganan en todas. 

Esto deriva en la segunda pregunta. Lo cierto es que lo obsoleto del sistema responde a décadas de desinversiones. El fundamento por excelencia que presentan las empresas para justificar la falta de inversiones es el congelamiento de tarifas. 

Sin embargo, las inversiones de Transener se mantuvieron constantes en USD 8.000.000 por año desde la privatización hasta el 2011. Durante el segundo gobierno de CFK se dispararon a USD 17.600.000 anuales, promedio que mantuvo hasta el último año de Mauricio Macri. Llamativamente vuelven a despegar con el gobierno kirchnerista. Transener desembolsó USD 31.700.000 anuales entre 2019 y 2023. 

Los datos pulverizan el argumento del congelamiento tarifario. El secreto está en la inversión de activos no regulados. Son los negocios por fuera de la concesión. El ejemplo emblemático es la deuda que tomó Transener para adquirir Transba. La incógnita es si esa deuda se pagó con los ingresos del servicio concesionado. De hecho, durante el gobierno de Alberto Fernandez el pago por deuda de actividades por fuera de la red de transporte, más que triplicaron las inversiones. Sólo en 2022 se pagaron USD 102.000.000. 

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