Las concesiones de las represas hidroeléctricas otorgadas en 1993 durante el proceso privatizador del gobierno de Carlos Menem vencen el año que viene. Se abre así un negocio energético con capacidad para atraer actores de peso internacional, que abrió una discusión entre Nación y provincias por la propiedad del recurso.
Ante la magnitud de lo que se viene, la Secretaría de Energía ya empezó a diseñar una auditoría integral general sobre las operadoras.
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Tal como lo anticipó LPO se publicó en el Boletín Oficial una resolución mediante la cual la Secretaría de Energía de La Nación se dispone a conformar una unidad técnica que tendrá como objetivo principal el relevamiento integral del estado de situación en los aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales de las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional debido a que fueron privatizadas previo a la promulgación de la constitución del 94 la cual le confiere a los gobiernos provinciales la jusrisdicción y el dominio de los recursos de su suelo.
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Es por esto que desde el gobierno nacional anticiparon a LPO que el equipo de trabajo que va a integrar esta unidad técnica estará formado por el Secretario de Energía o la persona que éste designe, un representante de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, un representante de CAMMESA, un representante del ENRE y un representante de IEASA. El rol que se le reserva a las provincias afectadas es apenas una invitación a designar voluntariamente un representante.
Se trata de Neuquén y Río Negro dado que es donde se encuentran emplazadas las seis centrales hidroeléctricas en cuestión, cuyo recursos hídricos aportan el Río Limay y el Neuquén. Gracias a eso es que las provincias aportar al sistema interconectado nacional un 4.431 MW de potencia instalada: El Chocón, con 1200 MW de potencia instalada, Arroyito con 120 MW, Alicurá con 1000 MW, Piedra del Águila con 1400 MW, Pichi Picún Luefú con 261 MW y el complejo Cerros Colorados en donde Planicie Banderita tiene una potencia de 450 MW.
Frente al avance de la Nación, y bajo el argumento de que los recursos hídricos son de la provincia, los gobernadores de Río Negro y Neuquén, Arabela Carreras y Omar Gutiérrez, firmaron un acuerdo "tendiente a intervenir en la administración y explotación comercial de esos aprovechamientos hidroeléctricos". De hecho ambos mandatarios tienen agendada una reunión para la semana próxima con la exclusiva intención de tratar este tema.
Por su parte, ante los rumores de estatización y las advertencias de los gobiernos provinciales, desde la Secretaría de energía afirmaron ante LPO: "El estudio que resulte de la unidad técnica dirá en que Estado técnico, legal, financiero están las represas. Que inversiones hacen falta. El Gobierno, con ese estudio sobre la mesa, decidirá caso por caso."
Desde la cartera que conduce Darío Martinez, la cuestión del dominio y la jurisdicción sobre los recursos está clara. "En el caso de las represas, licita y paga la Nación. Concesiona la Nación. Cuando venza el contrato vuelve a la Nacion. La Nación es la propietaria y siempre lo fue. Lo demás serán proyectos, pedidos, propuestas que se analizaran en su debido momento".
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