La secretaria de Energía, Flavia Royón, que responde a Sergio Massa, dispuso que las represas hidroeléctricas cuya concesión está próxima a vencer, pasen al Estado nacional. 

En una nota dirigida al presidente de Enarsa, Agustín  Gerez, afirmó que dada "la necesidad de garantizar la seguridad pública y la continuidad en el abastecimiento de energía eléctrica que requiere el sistema, atendiendo al vencimiento inminente de las concesiones, resulta pertinente disponer que, una vez extinguidos los plazos de las concesiones y revertidos los bienes al Estado Nacional, el desarrollo de la actividad de generación de energía eléctrica de los complejos hidroeléctricos quedará asignada oportunamente y conforme los instrumentos legales que correspondan, a Enarsa".

La negociación entre Nación y las provincias por la propiedad de las represas entra en la recta final

Royon instruyó a Enarsa para que "adopte las medidas necesarias para encontrarse en condiciones de asumir transitoriamente la actividad de generación de energía eléctrica ante la proximidad del vencimiento de las concesiones y a partir de la fecha del mismo, incluyendo, sin limitación, la eventual transferencia del personal y contratos relacionados con dichas centrales".

Las centrales en cuestión son El Chocón y Arroyito, concesionados a la empresa italiana Enel; Alicurá operado por AES Argentina, Planicie Banderita de Orazul Energy); y Piedra del Águila de Central Puerto.

El de mayor envergadura es El Chocón Cerros Colorados. Fue el primer proyecto hidroeléctrico de gran escala, tal es así que se la conoce como la obra del Siglo. Se encuentra entre los ríos Limay y Neuquén emplazados en las provincias de Rio Negro y Neuquén, respectivamente.

El manejo de las concesiones genera tensión entre la administración nacional y las provincias. Si bien hubo varias reuniones, no se llegó a ningún acuerdo.

Lo cierto es que estas represas fueron construidas íntegramente por el Estado Nacional y concesionadas en 1993 un año antes de la reforma constitucional que reconoce la propiedad de los recursos del subsuelo a las provincias. Según establece lo pactado hace 30 años, ante el vencimiento de las concesiones las centrales deben ser revertidas sin cargo al concedente, es decir, al Estado Nacional.

Esto no quita que las provincias exijan que pasen a ser administradas por lo gobiernos locales donde se encuentran emplazadas estas usinas, amparados en la reforma de la Constitución Nacional que en 1994 les concedió la propiedad de los recursos de sus suelos.

"Es como una propiedad que estuvo en alquiler durante 30 años. Ahora vuelve al propietario. El tema es que el terreno donde se emplaza el inmueble es de las provincias. Por eso lo único que les corresponde a las provincias es regalías", afirmó a LPO un ex secretario de Energía