El Gobierno decidió ponerle punto final a la segmentación tarifaria. Desde ahora, el sistema será "focalizado". Los  hogares se dividirán entre los que pagarán todo y los que seguirán recibiendo una bonificación. Los primeros son los que superan las tres canastas básicas, unos 3.500.000 pesos. Los segundos, los que están por debajo.  

Pero más que un cambio administrativo, es una definición ideológica: el Estado abandona definitivamente el principio de universalidad, la idea de que ciertos servicios deben ser derechos garantizados, y adopta la lógica de la focalización, que reduce drásticamente las ayudas.  

 "Lo que era política pública pasa a ser ayuda social. La política universal es un derecho, la focalización es una caridad con planilla de Excel", consideró a LPO un ex secretario de Energía.     

Se viene un fuerte tarifazo después de las elecciones: el gobierno dolariza la energía

Quienes queden dentro del umbral de ingresos, recibirán la factura  con una bonificación. Según lo informado, la reducción en electricidad rondará el 50 % sobre el consumo, pero ese alivio tendrá un límite de consumo: un bloque mensual acotado de 150 kWh en otoño y primavera; y 300 kWh en verano e invierno. 

El tema es que hogares, comercios e industrias soportan aumentos acumulados dramáticos. Los analistas estiman que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 las facturas promedio de gas natural aumentaron 799% para hogares y 992% para comercios y pymes, mientras la energía eléctrica trepó 524% y 570% respectivamente. 

Lo que era política pública pasa a ser ayuda social. La política universal es un derecho, la focalización es una caridad con planilla de Excel.

En el Palacio de Hacienda lo presentaron como un avance hacia la eficiencia, pero en los pasillos del sector energético la lectura es otra. "Dicen que van a simplificar el esquema y al final todo esto es mucho más enroscado", afirmó a LPO un ejecutivo del sector. Y no sólo por la burocracia, sino porque el nuevo sistema abre la puerta a infinitas arbitrariedades. 

AP

El telón de fondo es el malestar del FMI que ve como se aleja la meta fiscal acordada y presiona para que el Gobierno gaste menos en subsidios. Y Caputo, con la caja exhausta, tiene que  complacerlos. El superávit, tótem del plan, hoy tambalea: la recaudación se desploma y el gasto indexado crece. 

La recaudación del Estado se está desplomando entre 15% y 20% interanual, las retenciones cayeron 40%, y la desaceleración de la actividad hundió la base imponible que alimentaba IVA y Ganancias. La caída de la recaudación alcanza al 1,5% del PBI, apenas 0,3% menos que el superávit alcanzado en 2024.

Para sostener la meta fiscal acordada con el FMI hay que ajustar por lo menos 2 puntos del PBI en gasto primario no indexado, lo que equivale a más de 10 billones de pesos. Como buena parte del gasto público está indexada por ley, jubilaciones mínimas, deuda, asignaciones y prestaciones sociales, todo el ajuste deberá concentrarse en el gasto no indexado, es decir, salarios, subsidios, obras públicas y transferencias a las provincias.

Fue elocuente el coordinador del área de Energía, Daniel Gonzalez, quien al presentar el nuevo esquema anunció: "Vamos a llevar el gasto en subsidios al 0.5% del PBI", lo que equivale a un desafiante recorte del 75%.