Tras el fallo de los tribunales de Nueva York contra la Argentina por la expropiación de YPF, la reacción de la Casa Rosada no se hizo esperar y Gabriela Cerruti, dijo que el gobierno apelará la medida de la jueza Loretta Preska.

Cerruti ubicó a Alberto Fernández en el centro del reclamo y del gobierno argentino y afirmó que el presidente analizó la cuestión junto a la Procuración del Tesoro, es decir, junto al organismo de abogados perteneciente al Ejecutivo.

"Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres", dijo la portavoz en las redes sociales. Pero en un intento de reivindicar la soberanía energética y de comprometer al gobierno con una defensa irrestricta de las empresas estatales, abrió la puerta a distintas interpretaciones que generaron malestar dentro de la empresa.

Es que el fallo de Preska a favor del Burford Capital establece que el Estado argentino pague el monto máximo esperado por la expropiación de YPF, sin poner en cuestión los activos de la empresa.

Cerruti dijo que "la gente no llega a fin de mes porque se patina la guita" y se arrepintió

"No tiene nada que ver YPF. Si es así, no nos defiendan", confesó una alta fuente de la línea técnica de la empresa a LPO.

Estas declaraciones se dan en un complicado contexto para la empresa, que se encuentra en un fuego cruzado entre los tribunales de Nueva York y el gobierno argentino. Lo cierto es que la jueza ya había desligado a YPF en una anterior instancia.

El fallo de la jueza Perkins, vieja conocida del gobierno argentino en diversos litigios judiciales y reemplazante de Thomas Griesa, tuvo consecuencias acuciantes para la Argentina. Además de establecer el pago de una cifra que podría llegar a los 16.000 millones de dólares, las acciones argentinas cayeron en Wall Street hasta un 5% tras el fallo por la expropiación de YPF.