El Senado convirtió en ley este jueves la reforma del régimen de subsidios a Zonas FrÃas con 38 votos a favor y ocho en contra. El cambio desarma buena parte de la ampliación territorial aprobada en 2021 y devuelve el beneficio automático a su núcleo original: la Patagonia, la Puna y Malargüe.
El Gobierno calcula que alrededor de 1,6 millones de usuarios perderán el beneficio. Pero el recorte tiene una particularidad. La nueva ley mantiene el recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que se aplica sobre el gas consumido o comercializado por redes y ductos en todo el paÃs. Es decir, una familia que perdió la Zona FrÃa puede seguir aportando al mecanismo que la financiaba.
El cargo tiene más de dos décadas. Fue creado por la Ley 25.565 en 2002 para alimentar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. Su destino original era financiar tarifas diferenciales para la Patagonia, la Puna y Malargüe, además de compensaciones vinculadas al gas licuado de petróleo. La ampliación de 2021 extendió luego el universo de beneficiarios.
El mecanismo es simple. El recargo se calcula sobre el precio del gas en el PIST y alcanza a todos los metros cúbicos consumidos o comercializados por redes o ductos, cualquiera sea su utilización final. No lo pagan solamente quienes reciben el subsidio. Lo alimenta el conjunto del sistema. Incluso el decreto 266 de este año facultó al Ministerio de EconomÃa a subir o bajar el nivel del recargo hasta un 50% respecto de su valor.
La poda territorial es considerable. Quedan afuera del beneficio generalizado localidades incorporadas en 2021 de once provincias. En Buenos Aires el golpe alcanza a más de 90 municipios, entre ellos Mar del Plata y BahÃa Blanca. También afecta localidades de Córdoba y Santa Fe y zonas de Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán.
La SecretarÃa de EnergÃa calculó durante el debate parlamentario un ahorro fiscal cercano a 400 millones de dólares anuales. Ahà aparece el agujero en la explicación. El Estado achica una de las principales obligaciones financiadas por el fondo, pero conserva el mecanismo que recauda los recursos.
El dato del Presupuesto profundiza el interrogante. El proyecto para 2027 contempla $1.014.893 millones, algo más de un billón de pesos, en transferencias corrientes del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. El objetivo declarado sigue siendo financiar compensaciones tarifarias sobre consumos domiciliarios de gas natural y gas licuado de petróleo.
La combinación de menos beneficiarios, continuidad del cargo y más de un billón de pesos presupuestados obliga a mirar con lupa cómo se reordenarán esos recursos. La propia discusión parlamentaria dejó una pista. Durante el debate se planteó que el ahorro generado por la reforma servirÃa para atender obligaciones pendientes y que luego podrÃa reducirse paulatinamente el recargo que pagan los usuarios. Algunas versiones mencionaron llevarlo hacia el 5,85%. Por ahora, sin embargo, la ley conserva el cargo del 7,5%.
La discusión excede además a la Zona FrÃa. Durante años las tarifas de energÃa y los combustibles acumularon cargos especÃficos destinados a fondos creados para objetivos determinados. El Gobierno hizo de la eliminación de los fideicomisos una bandera, pero en la mayorÃa de los casos eliminó la estructura sin eliminar la fuente de recursos.
Es lo que ocurrió con el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal. Milei lo disolvió en marzo de 2025 después de una auditorÃa de la SIGEN. Sin embargo, la normativa posterior mantuvo el recargo que alimentaba el sistema y trasladó a la SecretarÃa de EnergÃa la polÃtica de financiamiento de las ampliaciones del transporte eléctrico. El fondo desapareció; el dinero encontró otra ventanilla.
También siguen operando mecanismos de enorme magnitud vinculados al transporte y a la infraestructura hÃdrica. Para 2026, el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte tenÃa previstos gastos por $2,846 billones y $2,321 billones de ingresos impositivos. El Fondo Fiduciario de Infraestructura HÃdrica proyectaba ingresos por $345.229 millones y transferencias de capital por $260.199 millones destinadas a provincias y municipios.
El caso de Zona FrÃa vuelve entonces sobre una vieja discusión de los fondos especÃficos: cuando el Estado cobra un cargo con un destino determinado, el recorrido de ese dinero importa tanto como su recaudación. Más todavÃa cuando la polÃtica que justificaba el cobro cambia de tamaño.
El Gobierno consiguió una reducción importante del gasto al sacar usuarios del régimen y presentó la reforma como una focalización de los subsidios. Pero dejó encendida la máquina que recauda para financiarlos. Ahora falta la segunda mitad de la explicación: cuánto dinero ingresará efectivamente por ese recargo, cuánto irá a los usuarios que conservaron el beneficio, cuánto cubrirá otras compensaciones y cuándo, si el ahorro prometido se concreta, bajará el cargo que sigue pagando todo el paÃs.
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No es casualidad que en la mayoría de los distritos enumerados que recibieron el subsidio a partir de 2021 haya ganado el Dr. Javier Milei. Demuestra que la gente entendió que no se puede vivir de prestado con el resto del país sosteniendo sus consumos y que está cansada de la intervención del estado en la economía, que solo genera inflación y pobreza.
"La Secretaría de Energía calculó durante el debate parlamentario un ahorro fiscal cercano a 400 millones de dólares anuales. Ahí aparece el agujero en la explicación. El Estado achica una de las principales obligaciones financiadas por el fondo, pero conserva el mecanismo que recauda los recursos"
Muy bien. El superávit fiscal está absolutamente por encima de todo, porque es la herramienta que nos condujo a tener una de las 196 tasas de inflación más bajas de todo el planeta en la actualidad. Y sino que expliquen cómo haría el gobierno para bajar impuestos como hace semana tras semana a la vez que recorta también otros mecanismos de recaudación que no espantan a las inversiones del sector privado que vigorizan nuestra economía.