La crisis energética que paralizó industrias, dejó centenares de hogares sin calefacción en plena ola polar y disparó el costo de la electricidad, tiene un complejo detrás que involucra de manera directa a la política de desinversión de YPF de la gestión libertaria. 

Desde que Horacio Marín asumió la presidencia de la empresa estatal, se puso en marcha el llamado "Plan Andes", una estrategia que en nombre de la eficiencia y el ajuste, desmanteló la producción convencional de gas en varias provincias clave. 

YPF dejó de operar en pozos de Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Tierra del Fuego y Neuquén, vendiéndolos a empresas privadas sin experiencia comprobada en el sector. El caso más llamativo es el de Bentia, la firma creada por Javier Iguacel, exministro de Energía durante el gobierno de Maruricio Macri,  que se constituyó con un capital de apenas 7,5 millones de pesos. A través de una licitación impulsada por el Banco Santander, terminó quedándose con activos por más de 100 millones de dólares. ¿El resultado? Más negocios financieros que producción real de gas. 

Bronca de los gobernadores porque Economía no da respuestas ante la crisis del gas

Los números son contundentes. En julio de 2025, la producción de gas cayó un 10% interanual. En diciembre de 2024, ya se había reducido un 5% respecto a 2022. Y en noviembre del año pasado, se registró el mínimo histórico: 6,55 millones de metros cúbicos diarios, una caída del 18% frente al mismo mes de 2022. La pérdida total equivale a un millón de metros cúbicos por día, en un país que necesita cada molécula para no colapsar en invierno, tal como consigna un informe del centro de investigación Ocipex. 

Desde que Horacio Marín asumió la presidencia de la empresa estatal, se puso en marcha el llamado "Plan Andes", una estrategia que en nombre de la eficiencia y el ajuste, desmanteló la producción convencional de gas en varias provincias clave. 

La falta de gas no solo afecta a las estufas: golpea de lleno a las centrales térmicas que generan el 60% de la electricidad del país. Al no poder funcionar, esas usinas dejaron sin luz a zonas enteras del AMBA y forzaron la importación de combustibles líquidos, más caros y contaminantes. 

En medio de este escenario, las empresas se echan la culpa entre sí. La distribuidora Camuzzi apunta a las productoras; Edesur acusa a las generadoras. Pero el problema no es de hoy ni solo del frío. "Es sistémico: un modelo energético fragmentado desde los años 90, sin planificación ni control, en el que cada eslabón se maneja con lógica propia y nadie se hace cargo del todo. La política energética del gobierno actual, que se jacta de ordenar las cuentas terminó desordenando el sistema" afirmaron desde Ocipex.