La importación de energía cara desde Uruguay en un momento donde la demanda nacional se encontraba lejos del pico que reveló LPO, derivó en una denuncia penal contra el coordinador del área energética, y viceministro de Luis Toto Caputo en Economía.   

La presentación fue realizada por Alejandro Sebastián Díaz Pascual, quien pidió investigar a González y a todos los funcionarios que hayan intervenido en la decisión. La denuncia se apoya en información publicada por este medio sobre la importación de energía eléctrica desde Uruguay en condiciones que, según el escrito, habrían generado un perjuicio económico para el Estado.

El expediente quedó radicado en Comodoro Py y será tramitado por el juzgado federal número 5 que subroga María Eugenia Capuchetti. La causa apunta a determinar si existieron delitos como malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario.

El gobierno importó electricidad carísima de Uruguay, que se produce con el gas barato de Vaca Muerta

El eje de la denuncia es concreto. El 2 de abril, entre las 19:12 y las 22 el sistema eléctrico argentino habría importado unos 830 MW desde Uruguay. El problema no es la importación en sí, sino el precio y la lógica detrás de esa decisión.

Según el escrito judicial, la energía importada se habría pagado entre 150 y 200 dólares por MWh, mientras que generar esa misma electricidad en el país, con gas de Vaca Muerta, cuesta entre 60 y 80 dólares por MWh.

Según el escrito judicial, la energía importada se habría pagado entre 150 y 200 dólares por MWh, mientras que generar esa misma electricidad en el país, con gas de Vaca Muerta, cuesta entre 60 y 80 dólares por MWh. La diferencia no es menor: implica, en términos simples, pagar hasta el doble por la misma energía.

La denuncia agrega un dato todavía más delicado. Parte de la energía que Argentina importó habría sido generada en Uruguay con gas argentino exportado a unos 3,5 dólares por millón de BTU. Es decir: el país vende gas barato y luego recompra energía cara producida con ese mismo insumo. Una rueda que gira sobre sí misma, como un perro que se muerde la cola.

Ese esquema, según el denunciante, no sólo es antieconómico sino potencialmente ilegal si no existieron razones técnicas que lo justificaran. El sistema eléctrico argentino, sostiene el escrito, tiene capacidad instalada suficiente para cubrir la demanda, por lo que la importación debería ser la última opción y no la primera.

Ahí aparece el punto político de fondo. La denuncia plantea que, si hubo generación local disponible que no se utilizó, o si hubo fallas en la planificación que obligaron a importar, la responsabilidad recae en la conducción del área energética. En ese esquema, la Coordinación de Energía y Minería, que encabeza González, aparece como un actor central.

La denuncia también pide medidas de prueba amplias. Entre ellas, requerir a CAMMESA el despacho horario completo de ese día, los costos de generación, la capacidad disponible y las comunicaciones internas que llevaron a decidir la importación. También solicita informes a la Secretaría de Energía, al Ministerio de Economía y al ENRE.