El próximo miércoles la legislatura mendocina tratará el proyecto de venta del 21% del paquete accionario que el gobierno provincial tiene en Impsa, ex empresa de Pescarmona que estatizó el gobierno de Alberto Fernández. Con este paso, el gobierno de Milei, que cuenta con una participación del 63.7%, queda en condiciones de adquirir el paquete accionario de Mendoza para obtener una mejor posición en la privatización de la empresa. 

Los números que maneja el oficialismo mendocino indican que se aprobará la venta. La UCR de Cornejo aporta sus 22 votos, mientras el peronismo no llega a 13. Con el acompañamiento del PRO y La Libertad Avanza, el resultado está cantado. 

"Nosotros acompañamos la Ley Bases y este es un paso importante para avanzar con el espíritu del texto de esa ley", afirmó a LPO un legislador del bloque radical. 

Impsa es una empresa de ingeniería de punta fundada por el mendocino Enrique Pescarmona, que entró en cesación de pagos y para evitar su disolución el gobierno anterior la estatizó, en una operación conjunta con la provincia de Mendoza -gobernada como ahora por la UCR- que implicó inyectarle 20 millones de dólares para que siga funcionando.

El gobierno paraliza el proyecto del primer reactor nuclear argentino

La firma licita grandes proyectos hidroeléctricos, turbinas, reactores nucleares, grúas, y le gana a importantes empresas internacionales. El año pasado  construyó una nueva turbina para Yacyretá, Parques Solares en San Juan, el primer Centro Tecnológico en Energías Renovables de la región de Cuyo, avances con la central hidroeléctrica El Baqueano y la realización, con CNEA, de nuevos componentes para el CAREM. De hecho a lo largo del 2023, la empresa no necesito de aporte alguno por parte del tesoro nacional. Por el contrario aportó  en impuestos $2.254 millones durante los últimos dos años.

"En su afán por achicar los gastos del Estado, Milei y el gobernador Cornejo pretenden vender Impsa, una empresa bandera del desarrollo industrial argentino, que brinda soluciones integrales para la generación de energía", afirmó a LPO José Ignacio de Mendiguren, ex secretario de Industria de Sergio Massa.

Alegan que es una empresa deficitaria, pero sin Impsa, Argentina se queda sin una turbina fundamental para su desarrollo y queda atada a comprarle a los de afuera, es decir nos hunde en la dependencia extranjera. 

"Alegan que es una empresa deficitaria, pero sin Impsa, Argentina se queda sin una turbina fundamental para su desarrollo y queda atada a comprarle a los de afuera, es decir nos hunde en la dependencia extranjera. El Estado había hecho un esfuerzo enorme en inversión para el desarrollo de esta empresa y el valor intangible que tiene Impsa no se puede cuantificar", concluyó Mendiguren.

Alberto Fernández y Matís Kulfas cuando anunciaron la estatización de Impsa.

Telam

La empresa de tecnología energética mendocina IMPSA pasó a ser una compañía estatal a partir de la capitalización nacional y provincial por un total de 20 millones de dólares bajo la gestión de Matías Kulfas.

La empresa fundada por la familia Pescarmona, con más de 100 años de vida y que supo ser líder mundial en energía hidroeléctrica, implosionó en el 2013.

"Fueron malas decisiones tomadas en relación a negocios con Venezuela y Brasil", explicó a LPO un jerárquico de la empresa. Lo llamativo es que al momento de presentarla quiebra, Impsa había ganado la licitación para el desarrollo del primer reactor nuclear argentino, el proyecto Carem, que el gobierno de Milei acaba de desactivar.

En una primera instancia y mientras la empresa cerraba una agresiva reestructuración de su deuda, el gobierno la asistió a través del Programa ATP y luego con el "Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos" del Ministerio de Desarrollo Productivo, a través del cual pagó el 75% de los salarios de los trabajadores desde el mes de enero.

La reestructuración se tradujo en una postergación de los todos los pagos con cinco años de gracia sobre el capital e intereses, una fuerte baja en los intereses al 1,5% y pagos de capital a partir del año 2028.

A pesar de todo esto, la asamblea de accionistas votó a favor de una ampliación de capital y aprobaron ofrecer la suscripción de estas acciones a la Nación y a Mendoza.

Fue así que el Estado Nacional y la Provincia pusieron 20 millones de dólares para rescatar a la empresa y quedarse con la mayoría de las sillas del directorio.