Cuando asumió el gobierno se comprometió a eliminar el actual esquema de segmentación tarifaria para el consumo de energía en hogares de ingresos medios y bajos. En su reemplazo la idea que trajo el secretario de Energía fue la Canasta Básica Energética (CBE), que quedó enterrada con la resolución dada a conocer la semana pasada. 

Tras seis meses de gestión, el Gobierno nacional anunció el comienzo de un período de "transición" hacia la eliminación de los subsidios a la energía, lo cual se desarrollará en un  plazo de seis meses prorrogable a un año, para pasar hacia un sistema de subvenciones focalizado exclusivamente en usuarios vulnerables.

Mediante un decreto de la Secretaria de Energía, Chirillo inauguró la etapa de transición para reemplazar el esquema de segmentación vigente. Lo curioso es que en el nuevo marco regulatorio propuesto no se menciona ni una sola vez la CBE, aunque los argumentos que sostienen las medidas apuntan al mismo objetivo: la focalización exclusiva en población vulnerable. 

En rigor el texto del decreto se circunscribe a ampliar las facultades de la Secretaría de Energía como administrar los topes a los volúmenes de consumo subsidiados en todas las categorías y segmentos residenciales, tanto para electricidad como para gas y revisar periódicamente los volúmenes de consumo máximo a subsidiar, así como los montos o porcentajes de los descuentos sobre el componente Energía, "teniendo en cuenta la adquisición progresiva de hábitos de consumo eficiente por parte de los usuarios" se afirma en el decreto.

Por la falta de planificación el gobierno gastará más de 3.200 millones de dólares en importar gas

"No hay una planificación, no hay programa, no hay diseño. Se trata de ir a los ponchazos administrando los precios hasta que la sociedad lo aguante", afirmó un ex funcionario de Energía.

"Es muy dificil identificar a la población vulnerable, y es lo que determina el fracaso de una segmentación focalizada", agregó. El ex funcionario puso como ejemplo el caso de un amigo "bien posicionado" que alquila un departamento cuyos servicios vienen a nombre de la madre jubilada con la mínima. "Nunca va a hacer el cambio de titularidad" concluyó. 

No hay una planificación, no hay programa, no hay diseño. Se trata de ir a los ponchazos administrando los precios hasta que la sociedad lo aguante.

La normativa pretende cruzar medidor, domicilio e ingresos. Pero también se suman decenas de criterios de exclusión como el haber comprado dólares u otra moneda extranjera en los últimos tres meses, usar una prepaga no vinculada a un empleo en relación de dependencia, haber viajado al exterior a un país no limítrofe en los últimos 5 años, y tener un auto o moto con menos de 5 años de antigüedad, entre muchos otros. Además prohibe el doble beneficio para usuarios que reciban alguna ayuda de los gobiernos provinciales y municipales. 

"Esto choca contra un gran limitante: La AFIP debe garantizar el secreto fiscal, no va a entregar sus obligaciones por un decreto sin rango presidencial firmado por un secretario", explicó la fuente consultada.

"Además,  los entes reguladores de las provincias y municipios de todo el país van a entregar voluntariamente los datos de los usuarios, necesarios para que la Nación haga los cruces de titularidad, patrimonios, ingresos, consumos, viajes y otros antecedentes", agregó.

Como sea, con el decreto que habilita al secretario de Energía a arbitrar "en modo de prueba" subsidios y tarifas durante el próximo semestre, los especialistas alertan sobre un posible salto tarifario sin precedentes. 

"El aumento de abril corresponde solo a distribución, que debería haberse actualizado en mayo pero fue postergado. Resta aún actualizar el precio de generación y la eliminación de subsidios. Puede ser verdaderamente dramático", concluyó la fuente consultada.