En San Juan hablan de una decisión entreguista sin demasiadas vueltas. El gobierno de Milei cedió una lÃnea de 500 kV para abastecer al distrito minero Vicuña, el proyecto de cobre más grande que hoy se prepara en Argentina y que está en manos de la gigante minera BHP. Una obra de infraestructura estratégica que los argentinos pagaron con sus impuestos durante un cuarto de siglo.
La medida desató un fuerte conflicto polÃtico y regulatorio en la provincia porque implica capturar energÃa de una infraestructura pública crÃtica sin consulta previa a las autoridades locales.
La lÃnea en cuestión forma parte del sistema eléctrico nacional y atraviesa el territorio sanjuanino como una columna vertebral energética. Fue financiada con recursos del propio sistema eléctrico y su capacidad es limitada.
Por eso la decisión de asignar potencia para un proyecto privado de gran escala encendió alarmas en la provincia. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) salió a pedir formalmente que se convoque a una audiencia pública antes de habilitar el uso de esa energÃa para el proyecto minero.
El planteo apunta a abrir un proceso de discusión técnica y polÃtica sobre el impacto de esa asignación de capacidad en el sistema eléctrico provincial.
Según explicó el EPRE, la infraestructura de transporte eléctrico forma parte de un sistema financiado por los usuarios y por el propio desarrollo del mercado eléctrico. Por eso considera indispensable que cualquier decisión que afecte la disponibilidad de energÃa en la provincia tenga una instancia de debate público.
La preocupación central es que la reserva de potencia para un emprendimiento privado termine condicionando el abastecimiento futuro de otros proyectos productivos.
El conflicto escaló rápidamente. El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, habló directamente de un "avasallamiento" del Gobierno nacional y confirmó que el municipio analiza recurrir a la Justicia para frenar la medida. Calingasta es el departamento donde se concentra buena parte del desarrollo minero de la cordillera y donde se ubican los principales proyectos del distrito Vicuña.
Ese distrito minero concentra algunos de los yacimientos de cobre más grandes de la región andina y es considerado por el propio sector como una de las apuestas más importantes de la próxima década para la minerÃa argentina.
El proyecto que lidera BHP aparece en el centro de ese mapa. No es una empresa más: se trata de la mayor minera del mundo y de uno de los actores globales con mayor capacidad financiera para desarrollar megaproyectos de cobre. En ese contexto, la decisión del Gobierno nacional generó sospechas dentro del propio sector minero.
BHP fue una de las pocas compañÃas extranjeras que presentó proyectos para ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por Milei. Las suspicacias crecieron por la cantidad de reuniones que mantuvieron los representantes locales de la compañÃa con funcionarios del Gobierno nacional en la Casa Rosada, incluido el propio presidente Milei y miembros del gabinete económico.
Varias empresas del sector sostienen que el Ejecutivo estarÃa priorizando al proyecto Vicuña para asegurar que avance una de las inversiones estrella del RIGI.
"Hay proyectos esperando capacidad eléctrica hace tiempo y de repente aparece esta resolución que beneficia al más grande", dijo a LPO un empresario del sector que sigue de cerca el expediente.
En el mundo minero la competencia por infraestructura es feroz. La energÃa es uno de los insumos crÃticos y el acceso a lÃneas de alta tensión puede definir qué proyecto se construye y cual no.
La tensión también expuso el malestar polÃtico dentro de San Juan. Según reconocen fuentes provinciales, el gobernador Marcelo Orrego no estuvo de acuerdo con la decisión. En una provincia donde la minerÃa es polÃtica de Estado desde hace años, la sensación de que Nación decidió sin consultar generó ruido en todo el arco polÃtico.
En definitiva, detrás de la discusión técnica sobre una lÃnea de 500 kV se esconde un debate mucho más grande. Se trata de quién administra la infraestructura energética que financia el conjunto del sistema y cómo se distribuye entre los proyectos productivos.
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