Alberto Fernández encabezará este jueves un acto que podría causar una nueva decepción a los albertistas que le están pidiendo que corra del gabinete a los funcionarios alineados con Cristina Kirchner, que resisten la implementación del acuerdo con el FMI.

Fuentes oficiales confirmaron a LPO que este jueves Alberto visitará la operación de YPF en Vaca Muerta para anunciar el comienzo a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, una obra medular para poder ampliar la capacidad de transporte de gas que se extrae de ese yacimiento y hoy no logra asistir al norte argentino porque no hay capacidad de transportarlo. 

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La paradoja es que pese a su importancia estratégica el gobierno de Alberto demoró dos años en poner en marcha la licitación y pese a que la primera etapa ya fue adjudicada a Techint, Economía aún no envió los fondos, pese a que estaban contemplados en el impuesto a la riqueza que ya se recaudó. 

La resistencia de Martín Guzmán en activar la que acaso sea la obra más importante del mandato de Alberto, acaso se vincule con que la empujan los funcionarios del área de Energía, todos kirchneristas y en abierto conflicto con el ministro de Economía.

El secretario de Energía, Darío Martínez y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, integrarán la comitiva que encabezará Alberto, en una señal política del Presidente que sugiere que por ahora no parece decidido a despedir a ningún funcionario kirchnerista del área energética.

El secretario de Energía, Darío Martínez; el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo y el titular de IEASA, Agustín Geréz, integrarán la comitiva que encabezará Alberto. Basualdo resiste el aumento de tarifas que Guzmán acordó con el FMI y en el pasado el ministro fracasó en su intentó por echarlo del cargo. Ahora, los albertistas le piden al Presidente que lo remueva junto a todos los que se oponen al acuerdo con el Fondo, pero la señal política que este jueves dará el Presidente no parece ir en ese sentido.

LPO ya reveló que el albertismo está muy cansado de las indefiniciones de Alberto en su pelea con el kirchnerismo y hasta veladamente han alimentado versiones de renuncia de Juanchi Zabaleta y el Chino Navarro, acaso dos de los que le exigen más firmeza frente a Cristina Kirchner.

Acaso no por casualidad, Zabaleta posó este lunes en una "reunión de trabajo" junto a Guzmán y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, otro albertista. Acaso se buscó blindar políticamente al ministro de Economía cuando arrecian versiones de su reemplazo por hombres hoy cercanos a Cristina, como Martín Redrado o Jorge Capitanich.

Zabaleta, Guzmán y Moroni, este lunes en el despacho del ministro de Economía.

Telam

La construcción del nuevo gasoducto está prevista en dos etapas. La primera conectará Tratayen con Saliqueló, con un recorrido de 558 kilómetros de caño. Con esta primera parte se incrementará la capacidad de transporte en 24 millones de metros cúbicos diarios, casi el triple de lo que se importa de Bolivia. 

La obra tiene un costo aproximado de 1500 millones de dólares y será financiada con fondos del Tesoro y del impuesto a las grandes riquezas.

Es por eso que en el kirchnerismo hay bronca porque a casi dos años de la recaudación de ese impuesto, Guzmán aún no giró los fondos para hacer la obra.

La demora de Guzmán en girar los fondos del impuesto a la riqueza para la obra puede habilitara Techint a demandar al Estado por incumplimiento de plazos y las personas físicas alcanzadas por el tributo también se encuentran en condiciones de demandar debido a la malversación de esos fondos que tenían como destino exclusivo financiar el gasoducto.

Ese fondo ya debía haber sido transferido a IEASA, autoridad de aplicación de la obra. De hecho la licitación por la compra de caños sin costura fue adjudicada al Grupo Techint como único oferente el mes pasado, pero IEASA no cuenta con los recursos para pagarlos.

Según los especialistas, esto abre dos frentes de conflicto entre el gobierno y el sector privado."Techint puede demandar al estado por incumplimiento de plazos, en tanto las personas físicas alcanzadas por el aporte solidario también se encuentran en condiciones de demandar debido a la malversación de esos fondos que tenían como destino exclusivo financiar el gasoducto", explicó ante LPO un reconocido abogado.