Mientras el gobierno suma rescates que disparan la deuda externa a la estratosfera, un jugador discreto se queda junto con los bancos con la parte del peón: los grandes estudios de abogados que estructuran los contratos.

El nombre que vuelve a aparecer en casi todas las operaciones complejas es A&O Shearman, la firma transatlántica nacida de la fusión entre Allen & Overy y Shearman & Sterling, que asesoró a bancos internacionales en las ampliaciones de las operaciones de REPO con el BCRA. 

En la Argentina esa asesoría técnica se articuló, según los comunicados y las presentaciones legales, junto a estudios locales como Bruchou & Funes de Rioja, que actuaron como contraparte doméstica en las mismas transacciones. 

Caputo pone en Aduana a un abogado del estudio Brochou, que trabajó en la redacción del DNU 

La operación más visible: en junio de 2025 el BCRA amplió en 2.000 millones de dólares sus REPO sobre BOPREAL Serie 1-D, uno de los instrumentos que dispuso el Central, para manejar reservas a una tasa vinculada a SOFR más un spread del 4,5%. 

Esa estructura, y sus condiciones de aforo, fue diseñada y revisada por equipos jurídicos internacionales y locales que luego aparecen también en otras colocaciones del sistema. Ahí está el corazón del problema: la misma ingeniería financiera que sirve para inyectar dólares en el corto plazo también abre un negocio secundario: comisiones, aforos y costos de estructuración que rara vez se detallan en los comunicados públicos.    

La misma ingeniería financiera que sirve para inyectar dólares en el corto plazo también abre un negocio secundario: comisiones, aforos y costos de estructuración que rara vez se detallan en los comunicados públicos. 

 Fuentes del sector bancario, operadores de mercado y abogados con conocimiento de las operaciones consultados indican que la clave está en la letra chica: quién define el aforo, cómo se calcula el "haircut" sobre los BOPREAL, y qué comisiones se pagan por la estructuración y la colocación. "Si esos números no se transparentan, el ciudadano y el contralor público solo ven el titular y no el costo real de la operación", sintetizó una de las fuentes consultadas.  

Los críticos de esta arquitectura indican que gran parte del margen de la operación queda fuera del escrutinio local y termina en los honorarios de bancos y estudios que "intermedian" el acceso al crédito. 

La película tiene un capítulo judicial incómodo para el estudio internacional:  A&O Shearman mantiene un pleito con BNY Mellon por una emisión de pagarés que, según distintos medios de prensa, ronda entre las libras esterlinas 83 y 93 millones. De hecho la corte suprema británica rechazó pedidos de desestimación y la causa sigue su trámite. 

 El litigio de  A&O Shearman  contra BNY Mellon es relevante porque ese banco ha sido durante años el agente fiduciario y pagador en emisiones de la Argentina, el custodio al que el mercado mira cuando se trata de cobrar los cupones y hacer efectiva la cadena de pagos internacional. Su historial como trustee de emisiones argentinas y su papel en conflictos previos como pagos retenidos, órdenes judiciales y controversias, convierten cualquier choque legal con un estudio que opera en la plaza argentina en una señal de alerta.   

 A eso se suma un dato reputacional: la nueva A&O Shearman estuvo en el centro de la polémica pública por acuerdos con la administración de Estados Unidos que incluyen compromisos pro bono muy cuantiosos. En el Congreso norteamericano denunciaron una factura de 125 millones de dólares en servicios legales relacionados con causas apoyadas por el gobierno de Estados Unidos.