Desde que asumió Javier Milei, el contrabando no para de crecer. No figura en el PBI ni en las cuentas nacionales, pero se mide. No de forma directa, sino a través de decomisos, operativos y relevamientos privados que estiman cuánto del mercado se abastece por canales ilegales. 

Es una foto borrosa, pero consistente: la actividad volvió a expandirse en 2025, empujada los diferenciales de precios y un tipo de cambio muy poco competitivo. 

El principal termómetro son las incautaciones de la Dirección General de Aduanas, que reporta procedimientos, cantidad de productos y valuaciones estimadas. A eso se suman estudios sectoriales de cámaras empresarias que calculan qué proporción del consumo compite contra mercadería sin origen legal. 

Las cámaras privadas detectan participaciones ilegales inéditas: en cerveza se habla de hasta 40% ; en celulares, uno de cada tres equipos vendidos no pasaría por canales formales; en juguetes, alrededor de 30% del mercado. 

El esquema dominante combina pasos fronterizos no habilitados con logística formal. La mercadería cruza por "zonas grises", se acopia y luego se distribuye a los centros de comercialización. 

Si el comercio formal ya no necesita locales, vidrieras ni empleados en mostrador, el contrabando mucho menos. Aprovecha exactamente los mismos atributos: bajo costo fijo, alcance nacional, pagos electrónicos y logística tercerizada. La diferencia es que opera en los márgenes del control, no del mercado. 

En ese punto, Mercado Libre funciona como plataforma bisagra. No como actor ilegal, sino como infraestructura dominante del comercio digital. La escala que vuelve eficiente al e-commerce formal es la misma que facilita el filtrado fino de productos de origen irregular. 

Así, el contrabando se camufla dentro del flujo normal de ventas online.  El comercio electrónico, que creció de forma explosiva en los últimos años, se convirtió también en la principal vidriera del contrabando moderno, donde productos sin respaldo aduanero conviven con ofertas formales bajo el mismo algoritmo.

En este contexto, diputados de la oposición presentaron un proyecto de Ley que apunta directo al nuevo corazón del contrabando: los canales digitales. 

 "Presentamos este proyecto de ley para defender la industria local, el empleo argentino y combatir la competencia desleal que genera el ingreso de mercadería de manera irregular a nuestro país que se comercializa por plataformas virtuales", explicó Guillermo Michel, dipuado nacional de Fuerza Patria. 

Guillermo Michel

LPOJuanca Casas

El diagnóstico es claro: la ley de Defensa del Consumidor y la de Lealtad Comercial quedaron viejas frente al avance del e-commerce y hoy no permiten identificar la trazabilidad de los productos ni a los verdaderos proveedores detrás de cada publicación. La iniciativa busca cerrar esa grieta legal. 

La propuesta del peronismo obliga a las plataformas a exigir documentación que acredite el origen de los bienes, especialmente los importados, para evitar que el contrabando se "blanquee" digitalmente. 

"Es necesario actualizar la ley para impedir que mercadería ingresada de manera irregular se venda online como si fuera legal", sostuvo Michel, que subrayó que la medida no implica costos adicionales para el consumidor, pero sí una garantía básica: saber que lo que compra es genuino y entró al país por los canales formales. 

Para la industria, la competencia desleal erosiona márgenes, empleo y recaudación. La Unión Industrial Argentina advierte además sobre riesgos sanitarios y la reventa de decomisos sin controles adecuados. 

Tambien la Cámara Argentina de Comercio pidió reforzar los controles y mejorar la coordinación entre organismos públicos para enfrentar el avance de la mercadería ilegal, reflejando que la informalidad del contrabando distorsiona la competencia y perjudica al sector formal de la economía.