La Justicia Federal citó al diputado nacional Héctor "Cacho" Bárbaro (Frente de Todos) a quien se investiga como eventual lobbysta de la empresa Massalin Particulares y por fomentar una serie de manifestaciones contra la tabacalera.

El legislador deberá explicar reuniones y citaciones que tuvo con altos ejecutivos de Massalin Particulares, sobre todo con Matias O'Farrel, vicepresidente de Phillip Morris para la resolución de la llamada "ley Massalin" de impuestos aprobada en 2017 una norma a medida para concentrar la totalidad del mercado.

Massalin enfrenta una investigación judicial por defraudación al Estado, cohecho, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y estafa procesal.

Las tabacaleras quieren saber su relación O'farrell, su vínculo con la multinacional y su apoyo incondicional Massalin, tanto antes como ahora. Hacia allí irán las preguntas de la querella que deberá responder el diputado el 1 de noviembre.

Tabacaleras pide sancionar a un diputado por organizar una marcha contra el sector

Las tabacaleras aseguran que Bárbaro mantiene reuniones habituales con altos ejecutivos de Massalin y que hace muy pocos días organizo un raid de manifestaciones en la ciudad de Buenos Aires.

Además, la resolución del juez Ariel Lijo pide a las autoridades de la Cámara de Diputados que informe sobre una reunión que se habría efectuado el 4 de mayo. Según artículos periodísticos, por esos días hubo reuniones en el Congreso en medio de la polémica por los jueces de Cámara que concedieron la medida cautelar para no pagar los impuestos de la tabacalera TABES.

Días atrás, la Unión Tabacalera Pymes Argentina (Untapya) presentó una nota a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, para pedir sanciones contra Bárbaro, productor tabacalero de Misiones.

Según la nota firmada por Osvaldo Trillo, presidente de Untapya, Bárbaro impulsa la movilización de agricultores tabacaleros de las provincias del NEA y NOA hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" en contra del juez Enrique Lavié Pico, que en junio pasado declaró la inconstitucionalidad de tres artículos de la ley 27.430 y eximió del pago del impuesto mínimo obligatorio a la Tabacalera Sarandí. 

La resolución de Lijo requiere además a la AFIP que remita la totalidad de los registros de ingresos a la entidad y las audiencias mantenidas en ese organismo por el vicepresidente de Phillip Morris.