Mientras en el Ministerio del Interior aseguran que Rodríguez Larreta fue el único que se negó a hacerle devoluciones al borrador de Consenso Fiscal que propone la Nación y que será firmado mañana por 23 gobernadores, en el Gobierno porteño aseguran que la cláusula por la que obligan a las provincias a renunciar por un año a los reclamos judiciales con la Nación "es imposible de firmar" desde el primer minuto.

Es que ya desde noviembre el año pasado, Larreta y Alberto Fernández mantienen una puja por los más de dos puntos de coparticipación que el presidente le sacó a la Ciudad y se lo transfirió a la provincia de Buenos Aires para que Kicillof pagara el aumento de sueldos que los policías reclamaban. En aquel entonces, el jefe de Gobierno porteño presentó el reclamo por inconstitucionalidad ante la Justicia (desde entonces la Corte Suprema no se ha mencionado sobre el caso) y resolvió tapar el bache fiscal eliminando la exención a la actividad financiera para los Ingresos Brutos.

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Esta última decisión, de hecho, fue judicializada por el Banco Central al considerar que afectaba directamente a su potestad de determinar la política monetaria. En efecto, como la Ciudad es la residencia fiscal de la mayoría de los bancos del país, la medida se convertía en un impuesto directo a la remuneración que reciben los bancos por las Leliqs.

El nuevo Consenso Fiscal invita a las provincias a volver a cobrar el impuesto a la herencia 

Fuentes del Gobierno porteño confirmaron a este medio que varias provincias ya cobraran este impuesto antes de que la Ciudad y que, por eso, en el Consenso Fiscal del año pasado Alberto Fernández no consiguió que los gobernadores prohibieran ese tributo. Y de hecho, la alícuota máxima propuesta en el borrador de Wado de Pedro para Ingresos Brutos sobre las actividades financieras es del 9%, cuando la Ciudad cobra el 8%. En todo caso, ese punto de la redacción habilitaría a la Ciudad a incrementar un punto la alícuota.

Sin embargo, la Ciudad no está dispuesta a renunciar de forma transitoria ni definitiva al reclamo sobre la coparticipación. Retrasar voluntariamente un año una resolución de la Corte Suprema implica sostener voluntariamente un año más las medidas tributarias "de emergencia" que pusieron en 2020. Este es el principal motivo por el que no acompañará el documento.

Además, aseguraron que hay otros tres motivos por los que tampoco van a firmar este Consenso Fiscal. El primero de ellos es que da marcha atrás con el sendero de reducción de impuestos firmado en el 2017 con el objetivo de asegurar una baja gradual de la presión fiscal en particular en los sectores productivos intermedios en un intento para bajar los costos de transacción en el largo plazo.

En cambio, la versión para 2022 da marcha atrás con ese sendero de rebajas para los Ingresos Brutos e impone alícuotas máximas en algunos casos superiores a las 2019. Esto, sostienen, da por tierra con el espíritu del consenso original.

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Por otra parte, como consignó LPO, el su artículo 7, el pacto fiscal de Alberto Fernández invita a las provincias a volver a poner el impuesto a la transferencia gratuita de bienes, coloquialmente conocido como "impuesto a la herencia", lo que para el equipo de Larreta implica aumentar la presión tributaria directa cuando ya exista nivel nacional el impuesto a los bienes personales. Según explicaron a LPO, consideran que no crear más impuestos es "un paso inicial para una reforma tributaria integral".

Y en cuarto lugar, desde una opinión técnica, consideran que la limitación a tomar deuda en pesos ajustada por inflación por hasta 18 meses es una interferencia en el manejo de la deuda de corto plazo de cada jurisdicción. Sobre este punto, la posición es negociable, pero es uno de los desacuerdos con la propuesta de Wado de Pedro.

Para el equipo de Larreta, lo correcto es que por ley se les permita a las provincias emitir este tipo de activos de forma permanente para poder renovarlos a igual plazo sin necesidad de un nuevo pacto fiscal conforme haya apetito en el mercado por estos activos. En particular consideran que este tipo de emisiones no suponen riesgo de descalce entre activos y pasivos porque los ingresos tributarios de las provincias también van, por su naturaleza, atados a la inflación.