El proyecto de reforma laboral trae una novedad con nombre técnico y efecto práctico: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Es, en palabras oficiales, una cuenta obligatoria que las empresas deben constituir para "cubrir" indemnizaciones. Esta inspirado en el modelo brasilero.  

La mecánica básica es sencilla: el empleador aportará cada mes el 3% de la remuneración bruta de sus trabajadores. Esos aportes irán a una cuenta administrada por entidades financieras registradas en la CNV y controladas por el Estado. A cambio, las empresas verán reducida en tres puntos su contribución al SIPA, el sistema de jubilaciones. Lo que antes iba a financiar las pensiones, ahora se desviará a un fondo que financiará los despidos. 

El FAL podrá complementarse con rendimientos financieros, donaciones o aportes voluntarios. Pero sus límites son claros: solo cubrirá indemnizaciones de trabajadores registrados con más de doce meses de antigüedad, y lo hará en la medida en que haya fondos disponibles. En otras palabras, si la cuenta no alcanza, el empleador sigue siendo responsable. 

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A diferencia de la propuesta que incorporó Federico Sturzenegger en la Ley Bases, y luego frenado en la justicia, el FAL es visto con buenos ojos por empresarios y sus abogados. "Esto no tiene nada que ver con el fondo de cese laboral y no tiene nada que ver con el fondo de la construcción", destacó el abogado laboralista Javier Andrade, quien además destacó "que el fondo de cese laboral, como estuvo presentado en la ley de bases, lamentablemente no tuvo éxito. Pero en este caso, este Fondo es un régimen que está bien pensado". 

Esto no tiene nada que ver con el fondo de cese laboral y no tiene nada que ver con el fondo de la construcción. Este Fondo es un régimen que está bien pensado.

El el titular de Industriales Pyme de Argentina (IPA), Daniel Rosato, también elogió la iniciativa. "El fondo de cese laboral que propone el Gobierno reduce la presión fiscal sobre las empresas, permite un ahorro habitual para los trabajadores y achica el costo indemnizatorio para las Pymes, que podrán tener un cálculo concreto y estable ante situaciones de despidos", afirmó Rosato. 

El titular de la UIA, Martín Rapallini.

LPOJuan Carlos Casas

 Un ejemplo práctico muestra el corazón del asunto. El periodista Ramón Indart compartió en X el cálculo de un abogado laboralista del rubro gastronómico: una pyme de veinte empleados, con remuneraciones brutas mensuales de 35 millones de pesos, aportaría un millón por mes al FAL, unos 13,5 millones al año, y pagaría 173 mil pesos anuales a la entidad financiera que lo administre. Con eso, cubriría la indemnización de un solo empleado con seis años de antigüedad. Es decir, el aporte que antes se destinaba a jubilaciones ahora financiaría despidos. 

Desde la Corriente de Abogados Laboralistas "7 de Julio", rebautizaron el instrumento como FALO, con una "O" al final, "porque es obligatorio". En sus comunicados advierten que el esquema no garantiza el cobro de la indemnización si la empresa no cumple, que el empleador sigue debiendo adelantar el pago antes de reclamar al fondo, y que, en caso de quiebra, los aportes acumulados pueden terminar diluidos en la masa concursal.  

El fondo de cese laboral que propone el Gobierno reduce la presión fiscal sobre las empresas, permite un ahorro habitual para los trabajadores y achica el costo indemnizatorio para las Pymes, que podrán tener un cálculo concreto y estable ante situaciones de despidos.

El espejo más incómodo del FAL está las AFJP. Al igual que aquellas administradoras privadas del ahorro previsional de los noventa, este nuevo fondo también promete previsibilidad y transparencia, pero reproduce el mismo patrón: el dinero de los trabajadores viaja hacia vehículos financieros que lo capitalizan y cobran por gestionarlo. 

Las AFJP se presentaron como una "modernización" del sistema jubilatorio y terminaron siendo un mecanismo de intermediación que drenó recursos del sistema solidario y fortaleció a los bancos. En este caso, si el fondo se administra mal, el riesgo lo asumiría el trabajador. 

En un sistema solidario de reparto, como el SIPA, los trabajadores activos financian con sus aportes las jubilaciones de los retirados. Se trata de un modelo intergeneracional: hoy pago para que cobre otro, mañana otro pagará para que cobre yo. Pero es verdad que ese esquema basado en la solidaridad social era el espejo de un país mucho más potente. Hoy el sistema previsional está en crisis, básicamente porque la mitad de los trabajadores están en negro. Es decir, no aportan nada al sistema de reparto que tiene la relación sana entre trabajadores y jubilados totalmente rota. Una situación que agravaron las moratorias jubilatorias.