El cierre del registro de exportaciones para los derivados de soja a la espera de las nuevas alícuotas de retenciones generó alerta en todo el complejo sojero que teme que a estos anuncios se le sumen nuevos aumentos.

La primera estimación de la suba del 31% al 33% sobre la harina, el aceite de soja y otros derivados sólidos habla de una recaudación adicional de 410,2 millones de dólares para las arcas del Tesoro Nacional, conforme a números de la analista del mercado de granos, Lorena D'Angelo. Se trata de una transferencia inmediata de recursos de las agroexportadoras al Estado, no así de los productores sojeros para los cuales, por el momento, la alícuota se mantiene en el 33%.

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Estas estimaciones se hacen sobre el saldo de la producción a vender porque prácticamente el 25% de la cosecha ya fue vendida por adelantado. Específicamente, de los casi 40 millones de toneladas proyectados de cosecha, los datos del mismo Ministerio de Agricultura daban cuenta de unos 9 millones de toneladas (el 23%) ya vendidos al miércoles 2 de marzo (último dato disponible) y, de estos, 3 millones de toneladas ya tenían el precio fijado. Del total vendido, el 87,2% fue vendido a la industria local para su manufactura y menos del 13% había sido vendido en forma de porotos al extranjero.

Y todavía faltan los datos de las últimas dos semanas en las que las transacciones sufrieron la mayor suba de precios por el desarrollo de la guerra en Ucrania.

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De una producción estimada en 27 millones de toneladas de harina de soja, el 14,3% ya fue vendida; y de una de 5 millones de toneladas de aceite de soja, y el 20% también ya fue colocada en el mercado internacional. Así, calculados sobre los remanentes exportables, el incremento en las alícuotas y los actuales precios internacionales, el incremento en la recaudación sería de más de 400 millones de dólares, siempre y cuando se sostengan los actuales precios internacionales.

Como consignó este medio, con la suba de las retenciones para los derivados de soja -que son lo que más exporta el país-, ya no hay diferencia entre la carga tributaria sobre el poroto y sus subproductos industrializados. Precisamente, la gran crítica que se le hacía al ex ministro de Agroindustria, Miguel Etchevehere, era que al igual las retenciones para toda la cadena de valor del complejo sojero, lo que lograba era favorecer la primarización de las exportaciones. Y esta era la principal razón de Julián Domínguez para resistir el aumento en las alícuotas que le pedía el resto del gabinete.

Cabe recordar que el Gobierno de Alberto Fernández lo primero que hizo fue elevar las retenciones del 25% al 33% y luego bajarlas a 31% para el aceite, la harina y otros subproductos secos. No en vano, sin esta diferencia, Juan Manzur defendió en el Congreso este lunes al ministro de Agroindustria y sostuvo que esta era una medida extraordinaria para hacer frente a una "excepcionalidad absoluta" como la actual situación bélica entre los otros dos grandes exportadores mundiales de granos. 

Empatados nuevamente en el 33%, los productores sojeros temen que los siguientes en la agenda de Guzmán sean ellos y que la alícuota sobre la soja suba al 35% para devolverles a los molinos y aceiteras el margen de dos puntos porcentuales. Esta suba sí golpearía a los productores y ya no a los grandes exportadores.

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Mientras que una parte de la oposición cuestionó el incentivo a la primarización de la medida, otra parte le apuntó a la voracidad fiscal porque el Estado nacional, ya se vería beneficiado por la suba de precios internacionales y por la mayor devaluación del peso argentino. De acuerdo a los números del diputado Rodrigo de Loredo (UCR), desde diciembre a la fecha el aumento de precios del trigo, la soja y el maíz, más el cambio en la cotización del dólar, le sumarían a las arcas estatales 1,2 puntos del PBI ($741.000 millones) por encima de los 2 puntos del PBI que a fin de año se proyectaban recaudar en el año de acuerdo al proyecto de Ley de Presupuesto 2022: 0,9% del PBI  extra gracias al complejo sojero, 0,1% por el maíz y 0,2% por el trigo.

Rodrigo De Loredo

"A pesar de estos dos factores concretos que aumentarán la recaudación del Estado vía retenciones, el gobierno desliza la idea de un posible aumento de alícuotas. Veníamos advirtiendo que esto pasaría. Nuevamente por la falta de gestión optan por una política errática que afecta directamente a la producción y al empleo. No hay plan, ni hoja de ruta, ni rumbo. Van por la más fácil, con una visión recaudadora", enfatizó de Loredo.

Y aunque estos números no contemplan ni el 25% de la cosecha gruesa ya vendido y asumen que el precio internacional de las oleaginosas exportadas no va a retroceder, muestran que el Estado ya se vio potencialmente beneficiado por el agro en más de 4.000 millones de dólares con los que a diciembre no contaba.

"Más retenciones solo implicaría mayor presión en momentos en los que la realidad económica y social no admite más suba de impuestos. Actúan desconociendo la realidad del sector y el desincentivo que generan los cambios abruptos en las reglas de juego: se sembrará lo mínimo, caerán las inversiones y, como consecuencia, la producción", agregó al tiempo que destacó que desde el 1 de enero ya no rige el artículo 52 de la ley de Solidaridad Social y Reactivación para que el Ejecutivo fije derechos de exportación sin pasar por el Congreso.