Un grupo de dieciocho legisladores demócratas le envió este lunes una carta a la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos para que su país respalde la revisión de sobrecargos en las tasas de interés que cobra el FMI, tal y como vienen proponiendo Sergio Chodos y Martín Guzmán con el respaldo del G20 y el G24.

La discusión que iba a darse el 2021 pasó para este año y todavía no tiene fecha establecida para su tratamiento en las oficinas en Washington del Fondo Monetario. Tanto en la negociación de la deuda con el Fondo, como en la revisión de sobretasas la postura de los Estados Unidos viene siendo esquiva a los planteos argentinos.

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La misiva, encabezada por las firmas de los congresistas Jesús G. "Chuy" García, Alexandria Ocasio-Cortez y Pramila Jayapal, señaló que es momento de fortalecer al FMI y a la recuperación de la economía global y que "Nos preocupa que los sobrecargos del FMI, que exigen que los países que ya enfrentan problemas de deuda y grandes dificultades financieras paguen onerosos aranceles adicionales al Fondo, socaven este objetivo".

El planteo del G20 y también del G24 radica en que los sobrecostos sobre las tasas para países con problemas de deuda, lejos de actuar como el incentivo para desendeudarse que originalmente se pretendía al instalarlos, en realidad lo que hace es entorpecer el desendeudamiento de los países con tasas de interés punitivas que engrosan la carga de intereses a pagar. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, como consignó este medio, pueden ser hasta 1.350 millones de dólares al año dependiendo del esquema de pagos al que se arribe con el staff del FMI.

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Por eso, sin mayores rodeos, los diputados del Capitolio le pidieron a Janet Yellen que "apoye una revisión inmediata de la política de sobrecargos en el FMI y que apoye la eliminación de estos aranceles injustos y contraproducentes".

Según explicaron en su carta, el coronavirus hizo crecer la pobreza mundial por primera vez en dos décadas e impulsó, según estimaciones del Banco Mundial a 115 millones de personas a la pobreza extrema. La falta de acceso a las vacunas de buena parte de la población mundial y la consecuente propagación del virus y nuevas cepas constituyen una amenaza a la recuperación económica global. Por eso, que los países se vean limitados en la disponibilidad de recursos para la Salud pública por cumplir con las sanciones del FMI atenta contra la razón de ser del organismo, que es la promoción de la estabilidad económica y financiera global.

Hasta el momento, tanto Yellen como su número dos, David Lipton -el ex vicedirector ejecutivo del Fondo Monetario-, han evitado pronunciarse en público sobre los sobrecargos que cobra el FMI. Sin embargo, en el Directorio del organismo Estados Unidos votó en diciembre a favor de conservar la política de reservas precautorias del FMI. Estas reservas precisamente se nutren de los sobrecargos que carga el FMI a los países con créditos de "acceso extraordinario" (gran cuantía en relación a su cuota), algo que en el Ministerio de Economía directamente califican de "inmoral".

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En línea con los argumentos del Gobierno argentino, los congresistas explicaron que los sobrecargos -que suman hasta 3 puntos porcentuales sobre la tasa de interés- son "un obstáculo para el crecimiento y la inversión social en los países en desarrollo y debilita los esfuerzos para abordar los inmensos desafíos que enfrenta el mundo en este momento" con el agravante de que ya en 2019 hubo 64 países en el mundo que dedicaron más recursos al servicio de la deuda que a la Salud pública y que esta política del FMI "desalienta la inversión en salud pública de los países en desarrollo. Este resultado perverso socavará la recuperación económica mundial, y es por eso que los países del G-24 recomendaron que el Fondo suspenda, reforme o elimine los sobrecargos. Estados Unidos debería unirse a su llamado".

En el contexto actual, los sobrecargos que castigan a los países ya endeudados socavan la misión del FMI de promover el crecimiento sostenible y reducir la pobreza

En este sentido, los congresistas pusieron como ejemplo que Argentina puede llegar a pagar, de acuerdo a los cálculos del Centro para la Investigación Económica y Política, unos "3.300 millones de dólares en sobrecargos - nueve veces la cifra que costaría vacunar a todos los argentinos contra el COVID-19" o el caso de Nigeria que ya está destinando más de la mitad de los ingresos fiscales al repago de la deuda en lugar de combatir el coronavirus.

Al respecto, los legisladores estadounidenses señalaron que: "En el contexto actual, los sobrecargos que castigan a los países ya endeudados socavan la misión del FMI de promover el crecimiento sostenible y reducir la pobreza".

A modo de conclusión, sintetizaron que "la política de sobrecargos del FMI pone en peligro la salud pública, pone en riesgo la recuperación global de la pandemia del COVID-19 y desestabiliza estructuras internacionales que son cruciales para afrontar otros grandes desafíos como lo es el cambio climático. Esta política debería ser eliminada".