Una vez más, el gobierno quedó atrapado en su propio relato. En el juzgado que tramita el juicio por YPF, la defensa argentina sostuvo ante Loretta Preska que los swaps son acuerdos exclusivos del Banco Central. Que el Poder Ejecutivo no conoce sus términos. Que ni siquiera cuando el Presidente o un ministro se reúnen con autoridades chinas para discutir renovaciones, eso implica acceso al contenido de los contratos. La línea fue simple: Caputo no sabe. 

La afirmación chocó de frente con los dichos del propio ministro en 2024. Entonces reconoció públicamente que el oro de las reservas había sido enviado al exterior. No habló como espectador. Habló como responsable. Justificó la maniobra. Dio explicaciones generales. Evitó precisiones. Cambió versiones. Nunca mostró un solo contrato. 

La contradicción es frontal. Si hoy dice que desconoce los swaps pertenecen a la órbita del Central, ¿cómo explicó con tanta soltura una operación sensible como la salida del oro? ¿Desde qué lugar habló entonces? 

En paralelo, en Buenos Aires, el frente penal se complicó. El Banco Central admitió ante la Auditoría General de la Nación que durante todo 2024 no existieron contratos registrados por las operaciones con oro. Ninguno. Ni al momento de la consulta ni al cierre del año. 

La respuesta dejó a las autoridades monetarias bajo sospecha penal. Sin contratos no hay trazabilidad. Sin trazabilidad no hay control. 

La Bancaria denunció el caso en la Justicia. En primera instancia, el fallo favoreció al Banco, pero la Cámara dio vuelta la página. Ordenó al BCRA entregar toda la información vinculada a la operatoria con oro: destinos, plazos, contrapartes y modalidad. Todo lo que hasta ahora no apareció. 

El cuadro es incómodo. Ante la Justicia de Estados Unidos, Caputo se presenta como ajeno. En la Argentina, habló como protagonista. Entre el "no sé" de Nueva York y el "yo me lo llevé" de Buenos Aires, hay algo más que una contradicción. Hay un problema serio.