El fondo Burford Capital pidió la transferencia a su favor del 51% de las acciones de YPF que posee el Estado argentino desde que recuperó la compañía en 2012. La solicitud se sustenta en el incumplimiento de un fallo que obliga al país a abonar US$ 16.100 millones por la expropiación.

La demanda lleva más de 9 años de trámite, y está en proceso de apelación, ya que Argentina enfrentó un falló adverso en el segundo circuito de Nueva York a cargo de la jueza Loretta Preska fallara.

Según Sebastián Maril, de Latin Advisors, el pedido incluyó también a las acciones de YPF que están en manos de las provincias.

"En noviembre del año pasado, Preska indicó que las acciones de YPF pertenecientes al Estado, pero no las asignadas a las provincias, podrían ser utilizadas como garantía para evitar embargos futuros. Preska no tomará una decisión hasta la primera semana de junio", dijo Maril.

La ley de Expropiación dice que "se encuentra prohibida la transferencia futura de las acciones sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros'", indicó el experto.

Consideró que esto ocurre porque la Argentina "no puso una garantía en enero como estaba previsto y porque no hay negociaciones con los beneficiarios del fallo".

"Sí que es factible que la jueza autorice el traspaso de las acciones. Ya dijo que podían ser utilizadas como garantía. Si eso pasa y el Estado no cumple entraría en desacato con la corte norteamericana, algo que ya pasó con el juez Thomas Griesa, hace casi 10 años. Entrar en desacato una vez más con una corte americana sería complicado. Creo que lo que quiere Burford es negociar, hacer ruido", indicó.

Burford adquirió los derechos de Petersen Energía, empresa de la familia Eskenazi. Las malas lenguas afirman que estaría asociada en un 30% del cobro si la justicia falla a favor del fondo.