Mientras el grueso de la dirigencia política argentina sigue jugando al distraído con el problema de la droga, este se ha convertido y extendido en algo mucho más complejo de lo que, con alguna pretensión de éxito, nuestro Estado puede manejar. De allí que las próximas autoridades nacionales y provinciales se enfrentarán a partir de diciembre con dos grandes opciones de política hacia las drogas: caminar sobre “seguro,” abrazando el conservadurismo de hacer más de lo mismo—llamémosle opción “siga, siga” (aunque seguramente con otra intensidad, escala, o matiz)—lo que traerá consigo los mismos resultados; o, por el contrario, romper el molde en torno al cual se han venido facturando las políticas de drogas en Argentina, y animarse a reformarlas.

La opción “siga, siga”

La opción del “siga, siga” es la reacción natural del grueso de la dirigencia argentina a casi todos los problemas importantes de nuestro país, al menos mientras nada estalle. Ante la incapacidad y/o la negligencia por entender de raíz de aquellos problemas, lo regular es “barrer la basura debajo de la alfombra”; hacer que se hace; generar “señales”; “así como lo heredé (el problema), lo paso”; o poner la energía en transformar la percepción, en lugar de hacerlo con la realidad.

Todas estas reacciones, en el marco del problema de las drogas, hicieron que en Argentina creciera en forma alarmante la tasa de prevalencia anual de cocaína (porcentaje de la población que es usuaria de la droga) desde el 2004.[1] Desde entonces, en términos relativos existen un 200% más de consumidores de cocaína en Argentina, que a su vez—dado la expansión económica de estos años—se presumiría que incrementaron su nivel de consumo. Este crecimiento astronómico del mercado llevó a una expansión en los ingresos de las empresas narco-criminales, lo que genera un incentivo enorme para incrementar la producción y comercialización de drogas en el país y/o para el ingreso de nuevos grupos criminales al negocio del narcotráfico. A la postre, esto significa más corrupción narco y más armas circulando en la calle, y de mayor calibre.

Desde el 2004 a la fecha los consumidores de cocaína crecieron un 200 por ciento, esto es un incentivo enorme para el ingreso de nuevos grupos narco criminales.

Este círculo vicioso es producto de la concurrencia de un conjunto de factores. En la base de ellos se encuentra la incapacidad e imprevisión de nuestro Estado para responder al cambio regional de los patrones de oferta y demanda de drogas. Básicamente, desde el 2000: i) un fracción importante de la producción se mudó de Colombia a Perú; ii) la presión en Colombia y sus rutas tradicionales obligaron a mejorar el rinde del suelo, y la “productividad” en la fabricación de cocaína, todo lo cual mantuvo el nivel de producción potencial casi constante en el conjunto de la región andina, a pesar de la erradicación de cultivos; iii) el incremento de controles en los mercado tradicionales llevó a explorar nuevos, y así Sudamérica se convirtió en el segundo mercado de consumidores de cocaína, por encima de Europa Occidental; iv) la geografía en la producción y fabricación de drogas cambió, otorgándole un nuevo rol a países que antes cumplían funciones específicas o acotadas.[2]

Fuera de la realidad

A pesar de estos cambios, la Argentina siguió respondiendo con una política basada en un diagnóstico fuera de toda realidad: que sólo somos un país de tránsito. Así, esta respuesta se viene basando en: i) el decomiso de droga como “nave insignia” de la política, creyendo la infantil idea que el nivel general de decomiso realizado puede afectar la curva de oferta, y con ello la cantidad, precio, y pureza de la droga disponible en el mercado; ii) el decomiso indiscriminado de droga, sin atender criterios de prioridad basados en la peligrosidad de la droga (ciertamente, la cocaína y el éxtasis es mucho más peligrosa que la marihuana) ni de impacto en la cadena de suministro (¿dónde es la interdicción más costo-efectiva? ¿en la frontera? ¿en el mayorista? ¿en el menudeo? ); iii) el arresto y condena indiscriminada de personas involucradas en la provisión de drogas ilegales—reforzada, pero no causada, por ley nro. 26.052 de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes—lo que hace que alrededor del 84% de los condenados federales por causas de drogas cumplan una sentencia de entre 4 y 6 años, revelando su poca trascendencia en la empresa narco-criminal;[3] iv) el descontrol de los precursores químicos;[4] v) la incapacidad de perseguir el lavado de activos provenientes del narcotráfico; vi) la ausencia de una política que—en escala y efectividad—reduzca la demanda de drogas vía prevención y tratamiento.

Esta suerte de “política de Estado de facto” en materia de drogas ha mostrado una capacidad de resiliencia enorme, considerando lo desastroso de sus resultados. Un cambio de gobierno podría provocar un cambio de agenda, un cambio de enfoque, y—por tanto—un cambio de política en la materia. Pero también podría reforzar el “siga, siga” dada la tendencia natural de buena parte de la dirigencia política a desentenderse de los resultados y caminar sobre “seguro.”

Continuar con la actual política hacia las drogas nos llevará a la opción trágica de echar mano a las Fuerzas Armadas para convertirlas en policías.

Continuar con esta matriz de política hacia las drogas nos conducirá inexorablemente a un escenario con dos implicancias significativos. En primer lugar, el nivel y complejidad del problema no es estático, sino dinámico. De continuar con estas políticas, año tras año el flujo de ingreso a la población demandante de drogas ilegales seguirá siendo mayor que el flujo de egreso, aumentando entonces el stock de consumidores anualmente.[5] Esto implicará que la oferta de drogas continuará en expansión, dado que—no mediando intervención efectiva por parte del Estado—sigue a la demanda. Por ello, hacer lo mismo implicará que estemos peor en este asunto, no igual.

En segundo lugar, si la reacción gubernamental a la (creciente) presión social por “hacer algo” con el problema de las drogas sigue siendo principalmente decomisar droga y/o arrestar el narco-menudeo, no habrá efectivos policiales o plazas penitenciarias que alcancen para incautar las toneladas de droga que ingresan y se fabrican en Argentina, o perseguir traficantes minoristas que se reemplazan a una tasa de recambio infinitamente mayor al promedio del proceso penal. Así, repitiendo el destino trágico de la Argentina, al final de este camino se encontrará la opción de echar mano a las FF.AA. para convertirlas en policías, de manera de poder decomisar más droga o arrestar a más narcos, no importa su rol en la empresa narco-criminal. En otras palabras, si se mantiene esta matriz de política, la mayor presión social que vendrá por la profundización (casi inexorable) del problema de la droga llevará al próximo gobierno a tener que echar mano a lo que sea para arrestar más gente y decomisar más droga. Y allí están las FF.AA…

Las FF.AA. haciendo de policías

En este aspecto, es menester ser tan preciso como contundentes. Así, ¿es necesario involucrar a las FF.AA. en el esfuerzo nacional de policía dirigido a perseguir el narcotráfico? Definitivamente si. ¿Esto significa convertir a las FF.AA. en policías, de modo de realizar operaciones de inteligencia criminal e investigación penal para perseguir empresas narco-criminales? Absolutamente no.

En efecto, echar mano a lo primero—involucrar medios militares en apoyo del esfuerzo nacional de policía—no implica necesariamente lo segundo—transformarlos en policías. Lamentablemente, la decadencia argentina es, primero y fundamentalmente, una decadencia de su intelligentzia, tradicionalmente colonizada (en términos “jauretchianos”[6]) por derecha, pero hoy mayoritariamente colonizada por izquierda. Esta repite críticas caricaturizadas a todo aquello que tenga “verde oliva” para así contentar a sus empleadores y donantes del Norte.

Convertir a las FF.AA. en policías es un grueso y peligroso error, dado que implica asimilar a un médico con un maestro por el simple hecho que ambos usan guardapolvo blanco. La organización, el entrenamiento y el equipamiento que tiene un soldado no sirven en lo más mínimo para reunir evidencia que permita encarcelar a los capitalistas y el management de las empresas narco-criminales. Por ello, si es un buen soldado, será un mal policía; y si es un mal soldado, ¿por qué debería ser un buen policía? El caso (fallido) de México, que debe emplear a sus FF.AA. porque carece de fuerzas intermedias como la Gendarmería Nacional, exime de mayores argumentos.

El caso (fallido) de México que emplea a sus Fuerzas Armadas porque carece de fuerzas intermedias como la Gendarmería, exime de mayores argumentos.

No obstante, las FF.AA. tienen desarrolladas, o en desarrollo, una seria de capacidades primariamente orientadas a la defensa nacional pero que podrían concurrir en asistencia al esfuerzo nacional de policía a los efectos perseguir la oferta de droga. En concreto, ¿por qué deberíamos desperdiciar camiones o vehículos blindados de transporte personal y recursos y medios de sanidad necesarios para sostener operaciones de ocupación y pacificación en áreas urbanas sin ley? ¿Por qué deberíamos rechazar aviones de la Fuerza Área que podrían vigilar, identificar e interceptar aeronaves irregulares, y desechar helicópteros UH1 – UH2 del Ejército que podrían trasladar efectivos de Gendarmería Nacional que aborden las aeronaves cuando se las haga aterrizar, para decomisar el cargamento y arrestar al piloto? ¿Por qué ignorar medios de vigilancia electrónica como drones o radas terrestres Rasit o radares 3D y 4D para control de rutas de contrabando? La lista podría continuar sumando medios militares que podrían apoyar el esfuerzo nacional de policía. Si tal colaboración resulta pertinente, ¿por qué no legislarla, para que se haga a la luz del día, se someta a mecanismos de rendición de cuentas y control, y se exponga a análisis de impacto para evaluar su efectividad? ¿por qué hacerlo con culpa, a las sombras, y exponiendo a los efectivos militares a riesgo jurídico por su actuación?

Conclusión

Aun así, todo este empleo de medios militares en el esfuerzo nacional de policía podrá ser útil en tanto y en cuanto se reformule la matriz de la política de drogas de la Argentina, la que deberá estratégicamente orientarse a reducir la demanda, centrándose en prevención y tratamiento, y reprimir la oferta de drogas, focalizándose en las empresas narco-criminales.

Caso contrario, la trillada frase de Albert Einstein—“Locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes”—seguirá encarnando la impronta de nuestra clase dirigente.

* Politólogo, especialista en seguridad. Director asociado de la consultora Asesores – Proyectos Institucionales S.A.

[1] Ver SEDRONAR (2011). “Tendencia en el consumo de sustancias psicoactivas en Argentina 2004 – 2010. Población de 16 a 65 años”, Buenos Aires.

[2] Por caso, en abril del año pasado en Paraguay—históricamente concentrado en la producción de cannabis—se descubrió por primera vez un laboratorio de éxtasis, conectado con redes brasileñas. En marzo del mismo año, se detectó la presencia de una organización conformada por colombianos, bolivianos y paraguayos que utilizaba cocaína de fuente colombiana y la transporta primero a Bolivia, luego la movía a la región del Chaco, al norte de Paraguay, y finalmente lo lleva a los departamentos fronterizos de Amambay y Canindeyú, desde donde la droga se transporta por tierra a Brasil y es exportada a Europa. Al mismo tiempo, se desmantelaba una cocina de cocaína a seis kilómetros de la frontera con Bolivia, capaz de producir hasta una tonelada de clorhidrato de cocaína (HCL) al mes usando pasta base boliviana.

[3] Ver Gorgal, Diego y Perkins, Max (2013). “Será Justicia. ¿A quiénes condena la justicia argentina por narcotráfico? Un análisis del Departamento Judicial Federal de San Martin, 2009-2012.” Documento de Trabajo, Fundación Konrad Adenauer, UCA, Asociación Concordia, Buenos Aires.

[4] Ver Despouy, Leandro (2014). “El Control de Aduanas y Fronteras. Informe Sectorial del Presidente de la Auditoría General de la Nación,” Auditoria General de la Nación, Buenos Aires.

[5] El hecho que la tasa de prevalencia anual de cocaína en estudiantes secundarios sea el doble que el de la población general marca una peligrosa tendencia.

[6] Como decía Arturo Jauretche, “…intelligentzia colonizada, que sólo tiene un valor sucedáneo carente de originalidad como simple repetición de ajenos repertorios...”