Hace apenas un año Claudio Barrelier atacó y secuestró a una mujer. DeberÃa estar preso, pero el fiscal Iván RodrÃguez decidió excarcelarlo y ahora es el principal sospechoso del cruel asesinato de Agostina. No son pocos los que creen que si RodrÃguez hubiera dejado donde corresponde a Barrelier, hoy Agostina estarÃa viva.
RodrÃguez iba a jurar como procurador penitenciario adjunto, pero las autoridades suspendieron la ceremonia. La foto de su ascenso hubiera sido polÃticamente explosiva.
Hace apenas seis meses RodrÃguez fue promovido para integrar la flamante Procuración Penitenciaria de Córdoba y estaba a dÃas de jurar como Procurador Penitenciario Adjunto, un cargo de jerarquÃa dentro del nuevo organismo creado por la Legislatura provincial y que lo ubicaba en la cúspide del Poder Judicial.
Sin embargo, la ceremonia quedó en el limbo en medio de la conmoción pública por el caso Agostina y los cuestionamientos que comenzaron a acumularse sobre las responsabilidades institucionales que permitieron que Barrelier estuviera en libertad.
Fuentes judiciales admitieron que la explicación formal sobre demoras en la habilitación de la nueva sede fue apenas una salida elegante para evitar una foto polÃticamente explosiva. La evaluación compartida entre el Tribunal Superior de Justicia y la Gobernación fue que no existÃan condiciones para avanzar con la jura mientras la opinión pública exige explicaciones sobre el caso.
La autopsia confirma que el cuerpo de Agostina fue desmembrado
La situación de RodrÃguez es especialmente delicada porque fue el fiscal que intervino en la causa iniciada en mayo de 2025, cuando una mujer logró escapar semidesnuda y atada de una vivienda de barrio Cofico y denunció a Barrelier por su secuestro. La vÃctima contó que habÃa sido retenida contra su voluntad, amenazada y reducida dentro de la casa.
El acusado fue detenido, pero recuperó la libertad apenas veinte dÃas después tras pagar una caución de cinco millones de pesos. Un año más tarde, ese mismo hombre aparece acusado de haber abusado sexualmente, asesinado y posteriormente desmembrado a Agostina Vega, de apenas 14 años.
La reconstrucción de aquella causa se transformó ahora en una pieza clave. La denunciante aseguró que nunca volvió a recibir información sobre el expediente y que se enteró por los medios de comunicación que Barrelier estaba nuevamente en libertad y viviendo en el mismo domicilio donde ocurrieron los hechos denunciados.
El impacto escaló durante las últimas horas luego de que el fiscal Raúl Garzón agravara formalmente la imputación contra Barrelier y lo acusara de homicidio agravado por violencia de género. La nueva calificación legal prevé prisión perpetua.
Los abuelos de Agostina fueron aceptados como querellantes y la fiscalÃa no descarta incorporar nuevos agravantes a medida que avancen las pericias. Se espera, además, que Garzón elabore una prisión preventiva con un alto nivel de detalle respecto de la investigación.
Garzón es un fiscal acostumbrado a estos desafÃos: llevó adelanta la investigación por las muertes de bebés en el Hospital Neonatal. Los resultados preliminares de la autopsia profundizaron todavÃa más la conmoción. Según las primeras conclusiones forenses, Agostina habrÃa sido abusada sexualmente y asesinada por asfixia dentro de la vivienda de Barrelier.
Los investigadores también analizan elementos secuestrados durante los allanamientos para determinar cómo fue desmembrado el cuerpo antes de ser abandonado en un descampado de la zona sur de Córdoba. La investigación ubica a Barrelier como la última persona que estuvo con vida junto a la adolescente.
Cámaras de seguridad registraron el momento en que Agostina ingresó a su domicilio, pero nunca fue captada saliendo de allÃ. Además, el análisis de telefonÃa celular permitió orientar los rastrillajes que finalmente derivaron en el hallazgo de los restos.
Mientras tanto, la oposición ya comenzó a mover fichas. Legisladores y dirigentes opositores impulsan pedidos de jury contra RodrÃguez y también contra Garzón. El caso golpea particularmente a RodrÃguez. HabÃa asumido como fiscal de Instrucción en 2020 y su nombre fue promovido por la conducción judicial para integrar la Procuración Penitenciaria, una de las reformas institucionales que se presentaron como parte de una modernización del sistema de control carcelario.
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