Martín Llaryora hizo explotar en una semana una bomba racimo contra Aldo Roggio, en un año para el olvido del poderoso empresario que en agosto no pudo hacer frente al pago de intereses de obligaciones negociables en una de las empresas del grupo.

En el caso de Córdoba, Llaryora envió poderosas señales al empresario en dos licitaciones que le fueron otorgadas por Jose Manuel de la Sota y con Juan Schiaretti como parte del esquema de poder provincial.

Primero, el ente que regula las tarifas de los servicios públicos en la provincia mediterránea rechazó el pedido de suba del 8% solicitado por Aguas Cordobesas. Fue un hecho inédito desde 2008, cuando Roggio, tras una renegociación con Schiaretti, las tarifas comenzaron a actualizarse (estaban congeladas desde 2001).

La "mesa técnica" del organismo que regula las tarifas (Ersep) decidió no otorgar el aumento pedido por Aguas Cordobesas. En esa mesa se sientan un representante de la Municipalidad de Córdoba (concedente del servicio), un representante de la Fiscalía de Estado, un representante del ente de control y dos delegados de Roggio. La mayoría que responde al esquema del Gobierno volteó la suba tarifaria por primera vez en la historia.

Roggio entró en default golpeado por la caída de la obra pública y la recesión

A los pocos días, y en otra jugada sanguinaria, Llaryora llamó a licitación el negocio de las tragamonedas, donde Roggio es dueño junto a Miguel Ángel Caruso de CET, la empresa que tiene el monopolio. El llamado a licitación fue más que premonitorio: restan tres años de contratos. También fue exprés: los sobres con las propuestas comenzarán a abrirse la primera semana de enero.

Este fue un año para el olvido del poderoso empresario Roggio, que en agosto no pudo hacer frente al pago de intereses de obligaciones negociables en una de las empresas del grupo.

El mensaje hacia Roggio-Carusso quedó claro: desde el Gobierno dejaron trascender que el llamado a licitación anticipado obedecía a los constantes incumplimientos del contrato por parte de CET. No fue la única señal pública de la estrategia de raleo. Además, Lotería partió el negocio de los slots en dos "anillos": uno turístico y otro federal. En este último abarca los casinos ubicados en la pampa gringa.

Roggio y Caruso había firmado en 2002, con De la Sota en el Gobierno, un contrato por 20 años. En diciembre de 2022, Schiaretti lo renovó por cinco años más. Era la única prórroga posible. Ahora, tres años antes del vencimiento, Llaryora licita por otros 20 años, con una prórroga de cinco. Pero el esquema de "anillos" parte al medio al negocio que el año pasado facturó casi 38.000 millones de pesos.