La novela del verano en Córdoba para la política fue la tensión entre el gobernador Martín Llaryora y el espacio que conduce el senador Luis Juez por lo sucedido hace unos días dentro del Tribunal de Cuentas. El organismo de control administrativo del Ejecutivo provincial que después de las elecciones del 2023 y de manera inédita en los más de 20 años de peronismo quedó en manos de la oposición, más precisamente del juecismo.

Lo que sucedió la semana pasada fue el reclamo de Llaryora y el ministro de Seguridad, el exjuecista Juan Pablo Quinteros, porque desde el Tribunal de Cuentas decidió frenar la compra de drones para la Policía. Situación que en el último domingo de enero derivó en una catarata de tuits de los funcionarios llaryoristas y que una semana más tarde, en la apertura de sesiones de la Legislatura, lo tuvo al propio mandatario provincial apuntando sus críticas hacia Juez que estaba sentado junto al resto de los legisladores nacionales.

En las últimas horas, las novedades llegaron por la presencia de efectivos de la policía en el Tribunal de Cuentas, el rechazo a ese accionar por parte del juecista que ocupa uno de los despachos, como es Beltrán Corvalán, las idas y vueltas con la fiscalía que investiga una denuncia realizada por el propio Quinteros y la polémica a la que apuntan desde el entorno más cercano a Llaryora: el sueldo que perciben los tribunos de cuentas.

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En esto radica buena parte de la polémica que posiblemente ocupe el arranque de la discusión en la Legislatura porque en el llaryorismo sostienen que los tres vocales del Tribunal de Cuentas perciben un salario de 14 millones de pesos. Algo sobre lo que, en las últimas horas y muy por arriba fue consultado el propio Beltrán Corvalán y desestimó que esos sean sus ingresos. "Está lejos de eso, si, si...", dijo cuando le preguntaron en El Doce si percibía entre ocho y nueve millones de pesos.

En tanto, sobre la presencia de la policía en el mediodía de este miércoles para buscar documentación a raíz de la denuncia de Quinteros, Beltrán Corvalán dijo que se trató de un "apriete", en línea con la comparación que hace unas semanas hizo entre Llaryora y Gildo Insfrán, el propio Juez.

El ministro Quinteros

LPO Sebastián Salguero

Sin embargo, precisamente Juez lideró una reunión hace unos días en medio de la polémica por el bloqueo administrativo a la compra de drones. En ese encuentro juecista, el senador pidió "prolijidad" a la hora de desarrollar la tarea del Tribunal de Cuentas.

No obstante, los que conocen hace años al juecismo sostienen que el enojo de Juez por la falta de prolijidad en el procedimiento esconde un ruido que algunos observan en el último tiempo y sostienen que Beltrán Corvalán es el más parecido en el perfil denunciante y en lo locuaz, al líder del espacio. "Ahí hay un tema de verticalidad: es un espacio chico que siempre tuvo un solo jefe que es Juez, el resto debe estar debajo de él, no a la par. Y eso incluye desde la vocería, la presencia en los medios y el impacto de las denuncias", señalaron.

En las últimas horas, las novedades llegaron por la presencia de efectivos de la policía en el Tribunal de Cuentas. El juecista Beltrán Corvalán dijo que se trató de un "apriete", en línea con la comparación que hace unas semanas hizo el propio Juez entre Llaryora y Gildo Insfrán

Por último, acá también aparece otro capítulo de la tensión silenciosa que existe entre Llaryora y el exgobernador Juan Schiaretti. De los tres integrantes del Tribunal de Cuentas, dos son juecistas como el mencionado Corvalán y Fernanda Leyva; la restante es la schiarettista pura, Silvina Rivero. Por ello, la lupa en los salarios y el accionar del organismo incluye también a la otra facción del cordobesismo.

Además de la compra de drones, el Tribunal de Cuentas juecista le trabó a Llaryora diez expedientes de obras públicas en distintas localidades de la provincia con el argumento de que el monto de las preadjudicaciones era más alto que presupuesto oficial. Además, según La Voz, hay varios trámites demorados.