El gobierno de Martín Llaryora volverá este jueves a los mercados internacionales con una jugada que combina ambición financiera y necesidad política: Córdoba licitará un bono bajo legislación extranjera por unos 500 millones de dólares, con la meta de pagar una tasa inferior al 9% y estirar los vencimientos hasta 2035.

La emisión buscará fondeo para el plan de obra pública -con la autopista a San Francisco y la ruta provincial 28 como emblemas- y, en paralelo, recomprar un remanente de poco más de 100 millones de dólares del bono con vencimiento en 2027.

La intención oficial es mejorar sensiblemente las condiciones del bono emitido a mediados del año pasado: pasar de un plazo de siete a nueve años, con amortizaciones en 2033, 2034 y 2035, y bajar la tasa del 9,75% que se pagó entonces. El argumento es conocido: el riesgo país es hoy más bajo y el clima financiero luce más benigno para los emisores argentinos.

Sin embargo, la aceleración de la colocación -prevista originalmente para abril- no responde sólo a una lectura optimista del mercado. La administración Llaryora arrancó 2026 con una fuerte reducción impositiva que, según cifras oficiales, tiene un costo fiscal cercano a los 600 millones de dólares, unos 900 mil millones de pesos. Desde El Panal vendieron la medida como una señal de confianza en el plan económico de Javier Milei y aseguraron que la pérdida de recaudación se compensaría con una mayor actividad.

A poco de andar el año, ese optimismo empezó a diluirse. La recuperación de la economía real no aparece y tampoco hay señales alentadoras en otro frente clave: los fondos que la Anses debe transferir a la Caja de Jubilaciones de Córdoba. La Corte Suprema ordenó giros de 5.000 millones de pesos mensuales hasta abril, pero lo que venga después es una incógnita. El Presupuesto nacional 2026 apenas contempla 120 mil millones para las 13 provincias con cajas no transferidas, una señal clara de que el Gobierno libertario no tiene en agenda normalizar esos envíos.

El cuadro se completa con otros datos que inquietan en el equipo económico provincial. La Coparticipación viene cayendo en el último semestre y la eventual aprobación de la Reforma Laboral podría restarle a Córdoba cerca de 100 mil millones de pesos en envíos corrientes, por la reducción proyectada del impuesto a las Ganancias para sociedades.

Con menos recursos propios y un horizonte fiscal más incierto, en el entorno de Llaryora admiten que la colocación de deuda cumple una doble función. Formalmente, los dólares se destinarán a inversiones de capital, en especial a obra pública. Pero en un escenario de mayor deterioro económico, esos fondos también podrían servir como colchón para asistir gastos corrientes.

Córdoba no está sola en esta ventana de financiamiento. La Ciudad de Buenos Aires colocó en noviembre US$600 millones a una tasa del 7,8% bajo ley inglesa, y Santa Fe hizo lo propio en diciembre con una emisión de US$800 millones a nueve años, al 8,10%. Según Romano Group, desde las elecciones de medio término se volcaron más de US$8.300 millones al riesgo argentino, entre emisiones corporativas y subsoberanas.

En ese contexto, Llaryora busca capitalizar el buen clima financiero. Pero la urgencia con la que se adelantó la operación deja al descubierto que, más allá del discurso de confianza y obra pública, el Panal empezó a mirar con preocupación una caja que en 2026 promete ser bastante más estrecha de lo que se imaginaba a fines del año pasado.